La situación de los jubilados cubanos es caótica; esas generaciones que lo dieron todo por una supuesta causa justa, por una revolución que lo cambiaría todo pra bien, viven ahora los peores momentos de su vida. El 39% de los jubilados cubanos cobra una pensión mínima. El dato en sí suena mal, pero cuando se cambian los porcentajes por números, suena aún peor. De los 1,7 millones de beneficiarios que tiene la Seguridad Social (entre jubilaciones, protección a la maternidad y personas con invalidez parcial), cuatro de cada diez jubilados cobran 1.528 pesos al mes (entre 4,50 euros y 4,70 dólares, al cambio informal de esta semana).

Para que se entienda: un salario mínimo en Cuba (2.100 pesos) equivalía en mayo pasado a dos kilos de pollo. Un pensionista no podría comprar con su sueldo ni siquiera un kilogramo de leche en polvo, que hace cinco meses costaba 1.800 pesos. La consecuencia directa es que cada vez se ven más ancianos en las calles de La Habana revisando la basura y acopiando materias primas, para reunir un poco de dinero que les permita llegar a fin de mes.

La cifra de jubilados cobrando la pensión mínima la ha confirmado a la prensa oficialista Virginia Marlene García Reyes, directora general de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El Estado destina 40 millones de pesos al pago de pensiones en medio de una inflación, que se resistió a bajar del 30% en 2023.

Justamente los pensionistas son los que han mostrado serias preocupaciones después de que el gobierno de Miguel Díaz-Canel anunciara en septiembre la desaparición del Instituto Nacional de la Seguridad Social, con la excusa de que se descentralizará este servicio para transferir competencias a los municipios y provincias. El discurso oficial asegura que esto se hace con el ánimo de "aligerar el aparato estatal", pero en la práctica se traspasa a los territorios la "papa caliente" ya que al menos ese 39% de pensionistas cubanos, con ingresos mínimos, tienen todas las papeletas para engrosar la lista de personas en riesgo de pobreza extrema.

Especialmente complicada es la situación de quienes no tienen familia en el extranjero que les mande dólares para poder tener acceso a una dieta balanceada en la recta final de sus vidas. Dependen, exclusivamente de lo que llega a la bodega. En este mes de octubre, ni café ni aceite ni frijoles ni pasta dental. La propia prensa oficialista describe la situación de la distribución de alimentos subvencionados por el Estado dentro de "un panorama complejo".

Aún así, el discurso oficial reitera, ya sin un ápice de credibilidad colectiva, que "esta medida no implica dejar a la población desprotegida", so pretexto de que la Seguridad Social es una "conquista" que quieren conservar aunque en estos momentos no se ha tomado ninguna medida en este sentido. Lo dice con eufemismo la directora general de Seguridad Social: "Estamos trabajando para que esta situación mejore, aunque las circunstancias actuales no permiten cambios inmediatos", reconoce sin dar detalles sobre a qué se refiere cuando asegura que están trabajando en ello.

Y en la línea de pasar la "papa caliente" a los territorios, la funcionaria asegura que quien tenga problemas económicos debido a ingresos insuficientes, como ese 39% de jubilados que cobran 1.528 pesos al mes, puede acudir a las direcciones de trabajo a solicitar ayudas, que recibirán después de una investigación de cada caso, añade sin aclarar qué requisitos hay que cumplir para recibir esa subvención, en un país en el que el 89% de la población está en situación de pobreza extrema.

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