La denuncia de una madre santiaguera vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento del sistema judicial cubano y las posibles irregularidades que pueden marcar la vida de un ciudadano común. Se trata del caso de Robert William Gainza, un joven que permanece encarcelado desde el 5 de marzo de 2025, acusado de un hecho en el que, según su familia, no hubo víctimas, lesiones ni daño real, pero por el cual ahora enfrenta una solicitud fiscal de hasta 10 años de privación de libertad.

De acuerdo con el testimonio ofrecido a la página de Yosmany Mayeta Labrada, los hechos ocurrieron en horas de la madrugada cuando Robert, tras ingerir bebidas alcohólicas en su domicilio junto a su pareja y una hermana, salió a buscar a la mujer después de que esta abandonara el hogar. Llevaba consigo un machete que, según su madre, pertenece a objetos religiosos y no se encontraba afilado ni en condiciones de uso.

Al llegar a la vivienda donde pensó encontrar a su pareja, fue recibido por un familiar. No hubo agresión, ni forcejeos, ni daños, asegura la madre. Aun así, horas después, el joven fue detenido y desde ese momento permanece en prisión preventiva.

La familia señala que la acusación habría sido influenciada por Maritza Paredes, tía de la mujer y supuesta funcionaria con cargo de jefatura en la Fiscalía. Según el relato, la mujer inicialmente retiró la denuncia ante autoridades del Micro 9, pero ese documento habría sido sacado del expediente, permitiendo que el proceso continuara como si nunca hubiera existido un desistimiento.

A esta irregularidad se suma otro hecho inquietante: el teléfono celular de Robert desapareció en la Unidad conocida como “El Palacete”. La familia afirma que fue sustraído durante la detención, y hasta hoy no han recibido explicación ni respuesta sobre su destino.

Un aspecto que contradice la narrativa fiscal es que la propia mujer relacionada con el caso continúa visitando a Robert en prisión, asiste a los pabellones y mantiene vínculo afectivo con él. Para la madre, esta conducta demuestra que jamás existió una agresión ni amenaza real.

La familia teme que Robert enfrente una condena desproporcionada, producto de un proceso influenciado y carente de imparcialidad. La madre asegura que su hijo no es un delincuente y que la sanción solicitada es propia de un caso con desenlace fatal, algo que no ocurrió.

El juicio, calificado por la familia como “amañado”, está programado para este viernes 19 de diciembre, y Robert ha autorizado que su historia se haga pública, en un último intento por evitar lo que consideran una injusticia irreparable.

Fuente: Yosmany Mayeta Labrada

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