La Comisión de la Ciudad de Miami aprobó por unanimidad la creación de un equipo especializado que investigará y supervisará licencias comerciales de empresas que puedan tener vínculos financieros, administrativos u operativos con el régimen cubano, en un esfuerzo por garantizar el cumplimiento de las sanciones federales y evitar que negocios desde territorio estadounidense sostengan económicamente al Gobierno de La Habana.

La medida, que entrará en vigor en los próximos diez días, fue destacada por el comisionado Ralph Rosado (Distrito 4), quien subrayó que “el voto de hoy deja claro que la ciudad de Miami va a tomar en serio el cumplimiento de las leyes federales de sanciones y no va a mirar hacia el otro lado”.

A diferencia de iniciativas similares adoptadas por Hialeah, donde un grupo consultivo incluirá figuras como el presentador Álex Otaola, el equipo de trabajo en Miami estará conformado por empleados municipales y funcionarios de la Oficina del Recaudador de Impuestos del Condado Miami‑Dade.

Aunque la aprobación no implica acciones inmediatas contra negocios locales, establece un marco sistemático de verificación. La resolución solicita al Departamento de Justicia que revise todos los negocios registrados en la ciudad, y autoriza al Recaudador de Impuestos a auditar empresas con posibles vínculos con entidades controladas por el Gobierno cubano.

El comisionado Rolando Escalona (Distrito 3) explicó que una segunda resolución permitirá revocar licencias comerciales si se detectan irregularidades, cerrando potenciales brechas administrativas que permitan a empresas en incumplimiento seguir operando.

Dariel Fernández, Recaudador de Impuestos de Miami‑Dade, enfatizó el enfoque de seguridad nacional de la medida: “Representa que simplemente cada gobierno del condado Miami‑Dade quiere poner a cada uno de los residentes de este condado primero… lo más importante que se habla aquí es de la seguridad nacional de los Estados Unidos de América”.

La iniciativa se alinea con acciones recientes en el sur de Florida, donde ya se han revocado licencias a negocios que no pudieron justificar sus operaciones legales con Cuba. En diciembre pasado, la oficina de Fernández canceló licencias de al menos 20 empresas tras no responder a solicitudes de documentación que acreditara permisos de comercio legal según la normativa federal.

No obstante, la medida ha generado críticas en algunos sectores de la comunidad empresarial local, que consideran que las autoridades deben centrarse en grandes corporaciones antes que en pequeños negocios. Algunos empleados de agencias de viajes, por ejemplo, cuestionaron que aerolíneas como American Airlines continúen volando a Cuba mientras otras empresas enfrentan auditorías.

Las autoridades sostienen que el esfuerzo no es un juego político y que no se tolerará ningún negocio que colabore con una dictadura desde territorio estadounidense, consolidando un nuevo frente de vigilancia económica y legal en Miami.

Fuente: WLG Local 10

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