La administración del presidente Donald Trump anunció una nueva ronda de sanciones contra figuras vinculadas al poder en Cuba, incluyendo a familiares cercanos del gobernante Miguel Díaz-Canel y de la familia Castro, en una medida que intensifica la presión de Washington sobre La Habana.

Las sanciones, emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, incorporan a varias personas y entidades cubanas a la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), lo que implica el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos y empresas de Estados Unidos.

Entre los individuos sancionados figura Miguel Díaz-Canel Bermúdez, junto a su esposa, Lis Cuesta Peraza, y su hijastro, Manuel Anido Cuesta. También fue incluido Raúl Alejandro Castro Calis, hijo de Alejandro Castro Espín y nieto del general Raúl Castro.

La decisión representa uno de los movimientos más significativos de Washington contra el entorno familiar de la dirigencia cubana desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. Según las autoridades estadounidenses, las medidas buscan aumentar la presión sobre quienes forman parte de la estructura de poder del régimen.

Además de las sanciones personales, Estados Unidos dirigió sus acciones contra varias instituciones consideradas fundamentales para el funcionamiento político, militar y económico del sistema cubano.

Entre las entidades sancionadas se encuentran los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), organización creada en 1960 y señalada durante décadas como un mecanismo de vigilancia y movilización política; el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), encargado de las relaciones con organizaciones de solidaridad internacional; y la agencia de viajes Amistur Cuba S.A., vinculada al propio instituto.

La lista también incluye al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), uno de los principales pilares del aparato estatal cubano, así como a la empresa Minera La Victoria S.A., dedicada a la explotación de minerales.

Las nuevas designaciones implican que cualquier propiedad o interés de estas personas y entidades que se encuentre bajo jurisdicción estadounidense quedará bloqueado. Asimismo, ciudadanos, empresas y organizaciones de Estados Unidos tendrán prohibido realizar negocios o transacciones con los sancionados.

El anuncio se produce en medio de un incremento de las tensiones entre Washington y La Habana. En los últimos meses, la administración estadounidense ha aplicado medidas similares contra funcionarios del Ministerio del Interior, miembros de los servicios de inteligencia y altos cargos vinculados a los aparatos de seguridad del Estado cubano.

La decisión también llega poco después de nuevas acciones judiciales y políticas dirigidas contra figuras históricas del régimen, en el marco de una estrategia que busca aumentar la presión sobre la dirigencia cubana y limitar su acceso a recursos y operaciones internacionales vinculadas al sistema financiero estadounidense.

Fuentes: Telemundo 51 y Martí Noticias

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