Un joven cubano sigue bajo las garras del régimen. Se trata de Eduardo Manuel Báez, un profesor de informática de apenas 22 años de edad que fue arrestado tras las protestas del pasado 11 de julio.

Báez es de Güines y lleva ya un mes preso, sin embargo, sus familiares no han tenido comunicación de ningún tipo con él.

A través de las redes sociales lanzan la denuncia y aseguran que lo más reciente que se ha conocido sobre su paradero es que fue llevado a una cárcel de San José de las Lajas.

“#SOSCuba Eduardo Manuel Báez es un profesor de informática de 22 años de Güines que está preso ya hace un mes, y sus familiares no han podido siquiera hablar por teléfono con él”, se lee en Twitter.

“El padre supo, por otros que han sido excarcelados, que está en la cárcel de San José de las Lajas”, aseguran.

#SOSCuba Eduardo Manuel Báez es un profesor de informática de 22 años de Guines que está preso ya hace un mes, y sus familiares no han podido siquiera hablar por teléfono con él. El padre supo, por otros que han sido excarcelados, que está en la cárcel de San José de las Lajas pic.twitter.com/mReTBTVcmt

— LeyvaMartinez (@LeyvaMartinez24) August 13, 2021

Prolifera en la plataforma Change.org una petición al gobierno de Cuba desde la ciudadanía, donde reclaman justicia para los cubanos perseguidos y encarcelados desde las protestas del 11 de julio.

El reclamo, además busca: “la aprobación inmediata del Decreto Ley sobre el derecho a la reunión y manifestación incluido en el cronograma legislativo aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular para el año 2021, con un marco que regule y no penalice este derecho, en consonancia con las cartas y tratados internacionales de los que el estado cubano es signatario”.

La petición ha contado con más de 1300 firmas en solo 24 horas y continúa creciendo.

Puede FIRMARLA AQUÍ.

Estas son las solicitudes que se hacen:

1. Información relativa al número de personas que han sido detenidas desde el 11 de julio, como consecuencia de las protestas en todo el país. Ello incluye el desglose por género o sexo del número de personas que, hasta la fecha, han sido puestas en libertad, las que permanecen bajo custodia del Estado y en proceso de investigación; así como la ubicación específica de los centros de reclusión donde se encuentran detenidas, y el desglose por cárcel u otro lugar de detención en diferentes puntos del país.

2. Transparencia en los procesos legales y acceso a los registros de carácter público de los centros penitenciarios y del Tribunal Supremo, así como los tribunales provinciales y municipales.

3. Iniciar de oficio procedimientos de revisión en aquellos que ya han recibido sentencia y/o confirmación de las apelaciones.

4. Archivo definitivo con carácter inmediato de todos los expedientes o investigaciones abiertos contra personas que participaron en las manifestaciones del 11 de julio y los días posteriores, incluso de aquellas con procesos abiertos por actos supuestamente violentos, en base a que los manifestantes no cometieron delito, sino que reaccionaron en legítima defensa a la orden de combate dada por el presidente.

5. Sobreseimiento libre y total con carácter inmediato de todos los procesos que estén en manos de la Fiscalía, así como de los casos que ya fueron presentados por la Fiscalía al tribunal, sin que se haya efectuado juicio.

6. Sobreseimiento libre y total o indulto para las 152 personas declaradas por Prisoners Defenders como presos y condenados políticos en su informe del 1 de julio.

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