Escuchar esta idea en pleno siglo XXI, no debería causar saltos de alegría entre los ciudadanos, que un productor tenga el derecho de vender el fruto de su trabajo, es algo tan lógico como respirar, en cualquier nación donde se viva en democracia, no así en Cuba.

Ahora, a las puertas de una hambruna generalizada, el Estado “autoriza” varias acciones para tratar de echar a andar la producción de alimentos en el país.

Entre las medidas aprobadas, se encuentran la reducción de tarifas eléctricas y del agua, una queja constantes de los campesinos desde que comenzó el Reordenamiento Monetario y les tocaron números impagables.

Entre otras medidas, decidieron mantener el precio por litro de leche de vaca a 7.50 CUP; en el caso de que se cumpla o sobrecumpla el plan de entrega mensual a la industria, el costo será de 9.00 CUP.

También, autorizaron la venta liberada de leche y sus derivados, así como la comercialización de carne de ganado menor y mayor, aunque advirtiendo que “después de cumplir con el encargo estatal y siempre que se garantice que no haya decrecimiento de la masa ganadera”.

Así analiza el hecho el periodista José Raúl Gallego: “Esta noticia publicada en Cubadebate y el sitio de la Presidencia es una muestra del poco respeto que siente la cúpula gobernante por el pueblo cubano y lo poco que están dispuestos a ceder aun cuando se encuentran con el agua al cuello”, dice.

“En un ambiente de desabastecimiento crónico, con un descontento e irritación social galopante y a tres días de su Congreso, una de las medidas que lanzan para hacer creer que hay cambios y que las personas estén contentas es que, después de cumplir los contratos de entrega, los campesinos podrán vender la leche y la carne de res que produzcan. O sea, en pleno siglo XXI estos ineptos presentan como un logro lo que en la época medieval podían hacer los siervos luego de que pagaban el tributo a los reyes”, advierte.

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