La congresista cubanoestadounidense María Elvira Salazar envió recientemente un mensaje de aliento a miles de migrantes cubanos portadores del formulario I-220A, reiterando su compromiso con un plan de reforma migratoria al que llama “Ley Dignidad 2025”. En el video, la representante por el sur de Florida reconoció el sufrimiento y la incertidumbre de estos cubanos, prometiendo “una solución definitiva” a través de su propuesta legislativa. Esta Ley Dignidad se ha convertido en el eje de su discurso migratorio, pero ¿es realmente viable o solo un juego político para ganar votos?

¿En qué consiste la Ley Dignidad?

Presentada originalmente en 2023 y reintroducida en julio de 2025, la Ley Dignidad es un ambicioso proyecto bipartidista de reforma migratoria que Salazar impulsa junto a colegas demócratas como Verónica Escobar. Su meta declarada es romper con “cuarenta años de estancamiento” en la política migratoria de EE. UU., combinando mano dura en la frontera con un programa de regularización para inmigrantes.

La iniciativa contempla 150.000 millones de dólares para seguridad fronteriza –financiados con tasas del propio programa– destinados a construir barreras, modernizar tecnología de vigilancia y contratar 22.000 nuevos agentes fronterizos. A la par, exigiría la implementación nacional de E-Verify en dos años para verificar la elegibilidad laboral de todos los empleados.

En cuanto a los inmigrantes indocumentados, la Ley Dignidad crearía un “Programa Dignidad” de siete años. Quienes demuestren residencia en EE. UU. desde antes del 31 de diciembre de 2020, sin antecedentes penales graves, podrían obtener estatus legal temporal, permiso de trabajo, número de Seguro Social y protección contra la deportación por 7 años. A cambio, deben pagar $7.000 en multas durante ese periodo y contribuir con un porcentaje de sus ingresos al Tesoro, además de contratar un seguro de salud privado (sin acceso a Medicaid u otros beneficios federales). Este estatus sería renovable indefinidamente, pero no otorgaría una vía directa a la ciudadanía.

De hecho, la propuesta actual no incluye una amnistía ni un proceso expedito de naturalización, algo que Salazar recalca enfáticamente: “aquí no se va a dar amnistía a nadie”. (Cabe mencionar que versiones previas del plan sí contemplaban un eventual programa de “redención” con requisitos adicionales tras 12 años, que podría conducir a la residencia y ciudadanía, pero en la retórica pública Salazar ha minimizado esa posibilidad).

Salazar, hija de exiliados cubanos, ha destacado que su ley otorgaría “dignidad” a millones de personas que viven en las sombras. “La economía necesita a estos trabajadores, que están en áreas clave como la construcción, la agricultura y los servicios, pero siguen siendo invisibles”, afirmó la congresista. Según sus estimaciones, hasta 11 millones de inmigrantes indocumentados podrían acogerse al programa si cumplen con los requisitos. Más de 175 empresas de sectores como agricultura, construcción y hostelería respaldan la Ley Dignidad por la necesidad de una fuerza laboral estable. Incluso organizaciones religiosas conservadoras la apoyan, al ver en la “legalización basada en la restitución” (multas y pago de impuestos) un enfoque equilibrado entre justicia y compasión. El influyente caucus bipartidista Problem Solvers, integrado por 60 congresistas de ambos partidos, también otorgó su aval inicial al proyecto. En palabras de Salazar, esta es una solución “sensata y salomónica” para un problema que lleva décadas sin resolverse.

Voces críticas: ¿Compasión genuina u “amnistía encubierta”?

A pesar de sus objetivos centristas, la Ley Dignidad ha recibido críticas feroces tanto de la derecha como de la izquierda. Organizaciones conservadoras antiinmigración –por ejemplo, NumbersUSA y la Heritage Foundation– la califican de “amnistía disfrazada” que premiaría la inmigración ilegal y presionaría a la baja los salarios de los estadounidenses.

Dentro del propio Partido Republicano, el ala dura representada por el Freedom Caucus exige una frontera completamente segura antes de considerar cualquier regularización. En un partido donde la retórica dominante promete “la mayor deportación de la historia” y mano dura absoluta, una propuesta bipartidista que habla de “dignidad para los migrantes” resulta casi herética.

De hecho, Salazar se ha visto obligada a modular su discurso según la audiencia: en eventos con la base republicana ha llegado a endurecer el tono e incluso negar que su ley ofrezca eventualmente ciudadanía (algo inexacto), alineándose con la línea dura; mientras que ante sus electores latinos enfatiza la compasión y la integración que pretende brindar. Este vaivén le ha ganado críticas sobre su autenticidad, pero refleja la difícil posición de una congresista republicana de distrito mayoritariamente hispano.

Por otro lado, activistas proinmigrantes y voces progresistas señalan que, pese a hablar de “dignidad”, la propuesta exige demasiado a los inmigrantes y les ofrece muy poco a cambio. Les preocupa que no haya un camino claro a la ciudadanía, lo que perpetuaría una clase de trabajadores de segunda categoría sin plenos derechos cívicos. “A pesar de ofrecer ‘dignidad’, no es una propuesta generosa con los inmigrantes”, resumió el diario El País. Además, temen que establecer cuotas de $7.000 y obligar a comprar seguros médicos privados termine excluyendo a los migrantes de menores recursos.

Organizaciones de derechos humanos también han expresado recelo con la idea de crear “campus humanitarios” para procesar solicitudes de asilo en la frontera, advirtiendo que podrían convertirse en centros de detención prolongada encubiertos. En resumen, para la izquierda la Ley Dignidad peca de insuficiente y punitiva, mientras que para la derecha peca de indulgente.

Desde la perspectiva cubanoamericana, la congresista ha intentado vender la Ley Dignidad como la salvación para casos puntuales como el de los cubanos con I-220A (migrantes recién llegados a los que se les dio libertad supervisada en lugar de “parole”). Salazar asegura que “eso es precisamente lo que hace mi ley”, prometiendo un estatus legal para este colectivo varado en el limbo.

Muchos de los afectados han visto renacer su esperanza gracias a esta iniciativa. Sin embargo, no todos en el exilio cubano están convencidos. El conocido abogado de inmigración Willy Allen –crítico en el pasado de los políticos cubanoamericanos– reconoce que Salazar, al menos, ha mantenido el enfoque en el problema de los I-220A cuando otros lo han ignorado. Pero Allen cuestiona si hace falta una nueva ley: subraya que la solución podría lograrse “de un plumazo” por vía administrativa, si el Departamento de Seguridad Nacional simplemente reconociera el I-220A como una entrada legal válida bajo la vigente Ley de Ajuste Cubano.

En esencia, sugiere que más que iniciativas legislativas, falta voluntad política de la administración para resolver estos casos puntualmente. Esta perspectiva crítica deja entrever que la cruzada de Salazar con la Ley Dignidad podría tener un trasfondo político: demostrar iniciativa ante su electorado inmigrante, aun si la solución práctica estuviera a tiro de decreto.

¿Qué tan factible es su aprobación?

La Ley Dignidad aún sigue atascada en el Congreso. Si bien logró reunir 20 copatrocinadores (10 republicanos y 10 demócratas, un respaldo inicial poco común), su aprobación enfrenta obstáculos formidables. Para convertirse en ley necesita apoyo mayoritario en la Cámara de Representantes (218 votos) y superar los 60 votos en el Senado, números difíciles de alcanzar en un Congreso polarizado y receloso de cualquier reforma migratoria amplia.

Incluso con ambos recintos nominalmente en manos republicanas tras 2024, las divisiones internas son profundas. El destino del proyecto depende en gran medida del respaldo del presidente Donald Trump, a quien Salazar insta a “ser quien arregle el sistema” migratorio. Sin un gesto afirmativo desde la Casa Blanca, advierten analistas, la ley tiene pocas posibilidades de superar la resistencia del ala conservadora de su propio partido.

Y cabe recordar que Trump ya bloqueó activamente intentos previos de compromiso bipartidista en inmigración –por ejemplo, frenando en 2024 un acuerdo que ligaba fondos para Ucrania e Israel con alivios migratorios–, prefiriendo mantener la crisis fronteriza como arma electoral. Su campaña se ha centrado en promesas de mano dura (muros, deportaciones masivas, incluso eliminar la ciudadanía por nacimiento), lo cual choca frontalmente con el espíritu de la Ley Dignidad.

En el actual clima preelectoral de 2026, muchos observadores ven improbable que la Ley Dignidad avance a corto plazo. “La propuesta probablemente sirva más como base para futuras negociaciones”, señalan, ya que difícilmente obtendrá luz verde definitiva en año electoral. Lo más factible, sugieren, es que algunas partes puntuales (como reformas a visas de trabajo o la expansión de E-Verify) se reciclen en otros proyectos legislativos menores, mientras el ambicioso programa de regularización integral espera un momento político más propicio.

Entre tanto, Salazar continúa haciendo campaña mediática con su plan: en cada aparición insiste en que “la dignidad no es amnistía” y que “no me olvido de ustedes” –en alusión a los migrantes cubanos que buscan desesperadamente legalizarse–, apelando tanto al corazón como a la presión ciudadana para mantener viva la iniciativa.

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