La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, enfrenta un nuevo giro en su causa judicial por corrupción, luego de que el procurador general, Eduardo Casal, solicitara a la Corte Suprema que eleve su condena de seis a doce años de prisión. El funcionario también pidió que se agregue el delito de asociación ilícita, figura que fue descartada por tribunales inferiores.

Kirchner fue condenada en 2022 por direccionar 51 contratos de obra pública en favor del empresario Lázaro Báez durante su mandato entre 2007 y 2015, en una maniobra que los jueces consideraron como parte de un entramado de corrupción sistemática. El perjuicio al Estado fue calculado en más de 84.800 millones de pesos, unos 74 millones de dólares. A pesar de ello, las instancias inferiores desestimaron la asociación ilícita y redujeron el caso a un único hecho de corrupción.

Casal respaldó el planteamiento del fiscal general de Casación, Mario Villar, quien también había apelado ante la Corte para incluir dicha figura penal. Según el procurador, las maniobras detectadas no fueron aisladas, sino parte de “un esquema comprobado de corrupción” estructurado y sostenido durante varios años, desde el gobierno de Néstor Kirchner hasta el de su esposa.

La Corte Suprema ahora tiene la responsabilidad de decidir si mantiene firme la condena actual o si acepta el pedido de Casal y ordena un nuevo fallo. De aceptar la apelación, Cristina Kirchner podría enfrentar una condena duplicada y la confirmación de su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El dictamen de Casal, aunque no vinculante, pone aún más presión sobre el máximo tribunal argentino, que no tiene un plazo límite para resolver. El proceso podría demorar años, especialmente teniendo en cuenta que actualmente opera con solo tres de sus cinco jueces. Además, antes de decidir sobre el fondo de la causa, la Corte debe pronunciarse sobre un pedido de recusación presentado por Kirchner contra el juez Ricardo Lorenzetti, por supuesta falta de imparcialidad.

Mientras tanto, el rechazo del Senado a la llamada “ley de ficha limpia” ha dejado abierta la posibilidad de que Kirchner se postule en las próximas elecciones legislativas. Si resulta elegida, adquiriría fueros parlamentarios que impedirían la ejecución de una eventual pena de prisión.

Cristina Kirchner, de 72 años, podría cumplir su condena en prisión domiciliaria si el fallo queda firme, de acuerdo con los beneficios establecidos por la legislación penal argentina para mayores de 70 años. Sin embargo, su futuro político sigue dependiendo tanto del fallo judicial como del escenario electoral.

La causa, conocida como “Vialidad”, representa el caso de corrupción más emblemático contra la exmandataria y podría marcar un antes y un después en su trayectoria política. La decisión final de la Corte será clave para definir si Kirchner enfrenta la cárcel o si continúa activa en la vida pública argentina.

(Con información de El País)

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