En menos de un mes, más de 350 personas han sido detenidas en Santiago de Cuba en un intento sistemático del régimen para frenar la labor social del opositor José Daniel Ferrer, denuncian tres organizaciones defensoras de derechos humanos.

Prisoners Defenders, la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y el Consorcio Justicia emitieron un comunicado conjunto alertando sobre una escalada represiva sin precedentes contra personas vulnerables que acuden al comedor y centro médico comunitario que Ferrer y su esposa, la doctora Nelva Ismarays Ortega Tamayo, mantienen en esa ciudad del oriente cubano.

Según las ONG, entre el 17 de marzo y el 11 de abril se registraron más de 350 arrestos, en su mayoría de ciudadanos en situación precaria que solo buscaban asistencia alimentaria o médica. El objetivo, aseguran, es claro: desarticular el proyecto humanitario encabezado por Ferrer desde que fue excarcelado el pasado 16 de enero.

“El régimen está llevando a cabo una ofensiva inhumana y desproporcionada contra los sectores más frágiles de la sociedad. Solo por acudir a buscar comida o medicinas, estas personas son interceptadas, detenidas y amenazadas con prisión”, denuncian las organizaciones.

Durante estas semanas, la sede de la UNPACU ha sido rodeada a diario por decenas de agentes policiales. En algunos días, como el 1 de abril, el operativo incluyó más de 30 efectivos, patrullas, motos de tránsito y vehículos destinados a arrestos masivos. Ese mismo día, más de 40 personas fueron detenidas y se les confiscaron los alimentos que llevaban.

Los reportes también documentan casos de violencia, robo y amenazas. A Jorge Luis Colá Montané, un hombre de 60 años que colabora en el transporte de insumos, la policía le sustrajo 200 pesos cubanos. Ese día también fueron arrestados voluntarios que ayudan a trasladar la leña para cocinar, como los hermanos Agustín y Víctor Estrada Rodríguez.

Otros casos ilustran la brutalidad del accionar represivo: Marilyn Thalía Álvarez, madre de dos hijos, fue detenida y agredida cuando llevaba comida para su familia. Luego fue amenazada con represalias contra su esposo, el preso político Anibal Ribiaux Figueredo, si no colaboraba como informante.

La represión no se limita a adultos. Yeisimí Zapata Barbán, de apenas 10 años, fue amenazada por una funcionaria de su escuela con suspenderle asignaturas debido a que su madre, Yesmi Barbán Despaigne, buscaba atención médica para la niña en el centro social. “A tu mamá la van a meter presa”, le habrían dicho.

Durante esta etapa, también fueron detenidas otras figuras cercanas al proyecto humanitario, como Roilán Zárraga Ferrer, activista de la UNPACU, y Margiolis Ramírez del Pino, familiar de la doctora Ortega Tamayo, quien sufre afectaciones cognitivas. En este último caso, además de la detención, se denunció el robo de un teléfono móvil por parte de la policía política.

Desde la salida de prisión de Ferrer en enero, la UNPACU había logrado entregar más de 30 mil raciones de alimentos y brindar atención médica a cientos de personas. En su punto más alto, atendían a unas 1.300 personas por día. Sin embargo, el acoso y las detenciones han reducido la asistencia a unas 500 personas diarias.

Aun así, entre el 17 de marzo y el 11 de abril, 2.428 personas vulnerables lograron recibir alimentos en la sede de la organización, mientras que otras 727 accedieron a atención médica, según los datos ofrecidos por las organizaciones denunciantes.

Prisoners Defenders, UNPACU y el Consorcio Justicia hicieron un llamado urgente a la comunidad internacional para que reaccione ante lo que califican como un “bloqueo criminal” contra la población vulnerable en Cuba.

“La situación humanitaria en la isla es crítica. El Estado ha fracasado en su responsabilidad de atender a su población, y ahora, en lugar de permitir que otros lo hagan, reprime de manera brutal y desproporcionada a quienes intentan ayudar”, concluyeron.

(Con información de Infobae)

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