El frijol, uno de los alimentos más básicos de la dieta cubana, atraviesa una crisis severa de producción que amenaza con dejar sin abastecimiento a millones de familias en la Isla. En Holguín, tradicionalmente una de las provincias más productivas, los campesinos reducen sus áreas de siembra ante pérdidas económicas, precios de acopio desfavorables y una burocracia estatal que obstaculiza cada paso de la actividad agrícola.

Sembrar una hectárea de frijoles cuesta hoy hasta 300 mil pesos, según productores locales, pero el Estado paga entre 14 000 y 30 000 CUP por quintal, un monto que no cubre ni los insumos más básicos. “La única venta que nos dejó algo fue la que hicimos a la Planta de Semillas, a 30 mil pesos el quintal. Todo lo demás fue pérdida”, declaró Yordanis Cruz, presidente de una cooperativa en Gibara, al periódico Granma.

La situación se agravó tras la aprobación del Acuerdo 10093 del Consejo de Ministros, que fijó precios máximos para el arroz y el frijol nacionales: 196 CUP por libra si el Estado suministra insumos, y 285 CUP si no lo hace. Sin embargo, la mayoría de los agricultores no recibe apoyo estatal, y muchos ya habían vendido sus cosechas antes de la entrada en vigor de la norma.

Lo que pretendía ser una medida contra la inflación terminó golpeando al productor. Economistas advierten que imponer topes sin garantizar condiciones de producción solo agrava el problema. “La inflación no se combate así”, señaló Mauricio de Miranda, mientras que Pedro Monreal fue más contundente: “El control de precios sin respaldo productivo genera escasez y fortalece el mercado informal”.

En efecto, el frijol escasea en las bodegas y abunda en el mercado privado a precios inalcanzables. En Holguín, la libra de frijol negro se vende entre 360 y 400 CUP, más del doble del precio oficial. Como respuesta, el gobierno ha decidido distribuir una libra adicional por persona mediante la libreta de abastecimiento, una medida que los productores califican como insuficiente y temporal.

A los problemas económicos se suman dificultades agronómicas. Plagas como la mosca blanca, el ácaro y la maleza Don Carlos encarecen la producción, al elevar los costos de protección por hectárea. Ante la falta de suministros oficiales, los campesinos compran pesticidas en el mercado informal a más de 20 000 CUP por litro. “Sin químicos, la cosecha se pierde. Y con ellos, a esos precios, también salimos perdiendo”, lamenta otro productor.

La falta de planificación institucional también pesa. En varias cooperativas, los precios de acopio no estaban definidos al momento de solicitar créditos, lo que impidió justificar ante los bancos el valor estimado de la cosecha. Algunos agricultores lograron financiamiento, pero no pudieron ejecutar las compras necesarias por falta de oferta o restricciones de pago.

El uso obligatorio de tarjetas magnéticas ha añadido una carga adicional: aunque los fondos se depositan digitalmente, muchos deben convertir dinero a efectivo para pagar obreros y proveedores, perdiendo hasta un 15 % en comisiones informales.

Pero más allá de los números, la crisis del frijol refleja los fallos estructurales del modelo agrícola cubano: un sistema centralizado, rígido y sin incentivos reales para producir. Los campesinos quieren trabajar, pero enfrentan un entorno hostil que les impide sostener sus cultivos.

Sin una reforma profunda del modelo agroproductivo, advierten los expertos, ni los topes de precios, ni las ventas controladas, ni los acuerdos ministeriales resolverán el problema de fondo. Lo que está en juego no es solo una cosecha: es el acceso de millones de cubanos a un plato de frijoles sobre la mesa, símbolo de subsistencia y de una economía cada vez más frágil.

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