Una jueza federal autorizó a la administración del presidente Donald Trump a poner fin a las protecciones migratorias temporales que beneficiaban a unos 350.000 ciudadanos haitianos en Estados Unidos, dejando abierta la posibilidad de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) inicie su proceso de deportación.

La decisión de la magistrada Ana Reyes llega después de que la Corte Suprema revocara una orden previa que mantenía suspendida la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Haití. Con este fallo, la medida impulsada por el Gobierno recupera su vigencia mientras continúan las disputas legales sobre el programa.

Según informó CNN, la resolución despeja la incertidumbre que existía entre los beneficiarios del TPS, quienes durante semanas desconocían cuándo dejarían de estar protegidos frente a una posible expulsión del país.

El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que el TPS es un mecanismo de carácter temporal y que corresponde al Ejecutivo determinar cuándo un país deja de reunir las condiciones para mantener esa designación. La administración Trump ha defendido la necesidad de poner fin a varias protecciones migratorias concedidas en años anteriores.

Fuentes cercanas a las autoridades migratorias indicaron que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ya había comenzado a preparar acciones contra personas cuyo estatus migratorio había expirado o estaba próximo a vencer. No obstante, algunos haitianos podrían conservar su permanencia legal si tienen solicitudes de asilo u otros procesos migratorios pendientes.

A pesar del revés judicial, la demanda presentada por organizaciones defensoras de los migrantes continuará en los tribunales. Los demandantes sostienen que la cancelación del TPS estuvo motivada por un trato discriminatorio hacia la comunidad haitiana y buscan reunir nuevas pruebas para respaldar esa acusación.

La eliminación de estas protecciones también genera preocupación entre empleadores de sectores que dependen en gran medida de la mano de obra haitiana. Empresas dedicadas al cuidado de adultos mayores, así como negocios de hostelería, comercio y restauración, han advertido que podrían enfrentar dificultades para cubrir vacantes si miles de trabajadores pierden su autorización de empleo.

Diversos centros de atención a personas mayores ya han comenzado a despedir a empleados haitianos cuyo permiso laboral expiró, mientras otros trabajadores buscan alternativas para regularizar su situación o evalúan trasladarse a otros países.

De acuerdo con estimaciones de organizaciones especializadas en políticas migratorias, cerca de 190.000 haitianos amparados por el TPS formaban parte de la fuerza laboral estadounidense a comienzos de 2025, contribuyendo con miles de millones de dólares a la economía del país mediante su trabajo y el pago de impuestos.

Recomendado para ti