En un paso histórico para la defensa de los derechos de los inmigrantes, el juez principal del condado Cook Timothy Evans, emitió una orden que prohíbe al ICE realizar arrestos dentro o cerca de los tribunales de Chicago y sus alrededores, incluyendo estacionamientos, aceras y entradas. La medida busca garantizar que los ciudadanos puedan acudir a sus audiencias sin temor a ser detenidos por faltas migratorias.

En los últimos meses, agentes del ICE habían convertido los juzgados en escenarios de tensión, deteniendo a personas y generando temor entre testigos y familiares. Según la oficina del defensor público del condado Cook, al menos una docena de arrestos migratorios se han registrado desde julio en los alrededores de los tribunales, obligando a muchas personas a tomar la difícil decisión de no presentarse ante la corte y arriesgarse a recibir órdenes de arresto.

“Los tribunales deben ser espacios seguros y accesibles. Nadie debería temer al presentarse ante la justicia”, declaró Evans. Activistas migratorios y organizaciones de defensa de víctimas de violencia doméstica habían solicitado formalmente esta medida tras casos de arrestos incluso en juzgados especializados en violencia doméstica.

Alexa Van Brunt, directora del Centro de Justicia MacArthur, calificó la orden como una acción “necesaria y tardía” para proteger a los residentes del condado, mientras que Cruz Rodríguez, defensor público adjunto, subrayó la ansiedad de sus clientes al tener que elegir entre cumplir con la corte o arriesgar su libertad.

El fallo ha generado un debate nacional. El Departamento de Seguridad Nacional defendió la práctica de arrestar personas en tribunales, alegando que la Constitución no prohíbe detener a infractores en ningún lugar.

Sin embargo, líderes locales y legisladores demócratas han elogiado la orden y promueven medidas a nivel estatal para garantizar que los tribunales permanezcan como espacios libres de intimidación federal.

En paralelo, la comunidad de Chicago ha intensificado la vigilancia de los agentes del ICE, creando redes de alerta, compartiendo información y ofreciendo apoyo legal a quienes podrían ser detenidos.

Eventos vecinales, como la creación de “kits de alerta” con silbatos y folletos de derechos, buscan proteger a los residentes y asegurar que los tribunales sigan siendo lugares seguros para todos.

Con esta decisión, Chicago reafirma el principio de que la justicia debe ser accesible y que nadie debe vivir con miedo al acudir a un tribunal, consolidando un precedente importante en la defensa de los derechos humanos en Estados Unidos.

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