Una inmigrante hondureña indocumentada que reside en Florida enfrenta una sorprendente multa de 1.82 millones de dólares por haber permanecido en Estados Unidos desde 2005, a pesar de contar con una orden de deportación. La sanción ha causado conmoción, no solo por su monto, sino también por el precedente que podría sentar para otros inmigrantes en situación similar.

Según reveló CBS News, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) emitió una notificación en la que exige a la mujer, de 41 años y madre de tres hijos estadounidenses, el pago de 500 dólares diarios desde abril de 2005, cuando no se presentó a una audiencia migratoria.

La abogada de la mujer, Michelle Sánchez, explicó que su clienta está siendo penalizada bajo disposiciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952, una normativa que rara vez se ha aplicado de forma estricta en las últimas décadas. La ley estipula que las personas sin estatus legal deben registrarse con el gobierno estadounidense y permite la imposición de multas en casos de incumplimiento.

“Están utilizando una ley antigua para enviar un mensaje de miedo. A muchos de mis clientes les han llegado notificaciones de este tipo, pero ninguna con una cifra tan desproporcionada”, denunció Sánchez. Aseguró también que su clienta ha vivido sin antecedentes penales durante más de 10 años y que sus hijos sufrirían graves consecuencias si ella fuera deportada.

La defensora legal presentó una moción para reabrir el caso, con la esperanza de que se elimine la orden de deportación y se permita a la mujer solicitar la residencia permanente. Según explicó, durante la administración de Joe Biden se permitió a abogados de ICE revisar y cerrar casos de deportación, pero miles quedaron sin resolverse.

Sánchez criticó además que la notificación recibida por su clienta invite a impugnar la multa en persona en una oficina de ICE, ya que hacerlo implicaría un riesgo directo de detención y deportación. “Es como pedirle a alguien que camine directo hacia la boca del lobo”, advirtió, aconsejando a quienes reciban este tipo de comunicaciones que busquen inmediatamente asesoría legal especializada.

Aunque no se ha confirmado si la multa será ejecutada en su totalidad, el caso ha reavivado el debate sobre el uso de leyes antiguas en el contexto migratorio actual. También pone en duda la efectividad de una política que impone castigos económicos impagables en lugar de buscar soluciones viables para familias que llevan décadas en el país.

La abogada ha confirmado que apelará la multa, argumentando que su clienta nunca fue adecuadamente informada sobre las consecuencias legales de no abandonar el país tras la orden de deportación emitida hace casi 20 años.

Fuente: Noticias Telemundo

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