El gobierno cubano sentenció con penas de cinco hasta 16 años de cárcel a manifestantes del 11J en la ciudad de Cárdenas, provincia de Matanzas, acusados de cometer hechos vandálicos y supuestamente agredir a agentes de la policía castrista en la unidad comercial servicupet “Las Brisas”.

Los manifestantes fueron juzgados por el Tribunal Militar Territorial, del 8 al 10 de diciembre de 2021. En total enfrentaron juicio 13 acusados, de los cuales solo uno resultó absuelto, por los delitos de “sabotaje, desórdenes públicos, atentado, robo con fuerza en las cosas y robo con violencia o intimidación en las personas”.

Una nota de prensa emitida el martes por el Tribunal Supremo popular, explica que los juzgados cometieron y provocaron “graves disturbios y hechos vandálicos” en Cárdenas, “con el propósito de dañar instalaciones, desestabilizar el orden público, la seguridad colectiva y la tranquilidad ciudadana”.

Publicamos en nuestro sitio web nota de prensa en relación a juicio celebrado, contra autores de delito por los disturbios del 11 y 12 de julio pasados en el municipio de Cárdenas, provincia de Matanzas.

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— TSupremoCU (@TSupremoCU) March 10, 2022

El comunicado dice que el proceso cumplió con las debidas garantías y transcurrió apegado a los estándares constitucionales según la legislación vigente, algo que varios familiares de los manifestantes en distintas partes del país han negado en reiteradas ocasiones.

No obstante, la nota asegura que “al acto judicial asistieron varios familiares y amigos de los implicados, quienes pudieron presenciar la profesionalidad y transparencia con que se desarrollaron las audiencias”.

“El tribunal notificó la sentencia en la que consideró probado y demostrado que el 11 de julio, alrededor de las tres de la tarde, los acusados responsables salieron a las calles de esa ciudad, junto a un numeroso grupo de personas que previamente habían convocado, y se aglomeraron indistintamente en las proximidades de la unidad comercial servicupet Las Brisas”, indica.

“Una vez allí, los acusados lanzaron piedras y palos de forma violenta contra la instalación, causándole graves daños, consistentes en roturas de ventanas y puertas y fracturas de paños de cristal y otras estructuras de vidrio; sustrajeron parte de la mercancía que se expendía y, al personarse en el lugar varios agentes de la Policía Nacional Revolucionaria, comenzaron a agredirlos, lanzándoles piedras y cocteles molotov, tanto a dichos agentes como a los vehículos”, agrega.

Hasta el momento, sin embargo, no han circulado en ninguna plataforma imágenes de manifestantes arrojando bombas incendiarias caseras (cocteles molotov) durante las protestas antigubernamentales del 11 de julio, si bien las autoridades han insistido en que tales ataques se perpetraron en los disturbios.

La nota también señala a los acusados por actuar “en medio de la situación compleja que atravesaba el país, como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, en particular en la provincia de Matanzas, razones por las que se habían tomado medidas excepcionales para contrarrestar sus efectos, entre ellas, la limitación de movimiento después del mediodía”.

Según el tribunal, para las sanciones se tuvo en cuenta “el grado de participación, las condiciones personales de los implicados, así como la gravedad, lesividad y violencia de los actos cometidos y la situación excepcional que vivía el país producto de la pandemia”.

En tal sentido, emitieron las siguientes condenas: Jorge Luis Arguelles Bayate, 16 años de privación de libertad; Daniel Joel Cárdenas Díaz, 15 años de privación de libertad; José Carlos Hernández Barrio y Geraldo Díaz Alonso, 14 años de privación de libertad; Leidiana Prohia Guevara, 12 años de privación de libertad; Yoniel Santana Rodríguez, José Antonio Cue Monzón y Enoc Noe Fernández Fernández, 10 años de privación de libertad; Reydel Canasí Reyes, siete años de privación de libertad; Alain Rosello Fernández y Jorge Gilberto Carrillo Isaac, seis años de privación de libertad, y Yasniel Roque Valle, cinco años de privación de libertad, subsidiada por igual término de limitación de libertad.

“De igual forma, el tribunal dispuso en su sentencia, como responsabilidad civil de los acusados, la obligación de indemnizar a las personas que resultaron lesionadas a consecuencia de los hechos cometidos y reparar los daños ocasionados a las entidades”, expone el comunicado. 

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