El joven cubano Alfredo González Ibarra ha sido identificado como otro de los manifestantes del 11J encarcelado por el régimen de Cuba

El activista Marcel Valdés dijo que González Ibarra no figuraba en la lista de los presos políticos por las protestas antigubernamentales acontecidos el pasado 11 de julio en varias ciudades del país.

González Ibarra residía en San José de las Lajas, Mayabeque y tiene tan solo 25 años de edad. El joven fue sentenciado a 5 años de prisión por los delitos de desorden público, incitación a delinquir y atentado.

“Lo único que hizo este muchacho fue manifestarse pacíficamente y pedir Libertad, algo totalmente normal en cualquier lugar del planeta, ya que es un derecho la libertad de expresión menos en Cuba, porque como todos sabemos hay una dictadura que te golpea y encarcela si decides pedir un cambio de sistema y Libertad”, denunció Valdés.

“Compartan, Compartan, Compartan las listas continúan creciendo, hagamos que el mundo vea estos rostros y está en manos de nosotros que eso suceda”, agregó el activista que vive en Estados Unidos y que lleva a cabo una fuerte batalla para visibilizar los rostros de los cubanos encarcelados por las históricas protestas.

El pasado 8 de junio, la ONG Cuban Prisoners Defenders denunció un aumento en el número de prisioneros políticos en Cuba.

“Desde el 1 de junio de 2021 hasta el 31 de mayo de 2022 han sufrido prisión política un total de 1.236 prisioneros políticos en Cuba. Todos ellos son torturados, como quedó patente con el estudio científico y pormenorizado de más de cien casos y basado en 15 tipos de tortura sometido al Comité contra de Tortura de las Naciones Unidas, Comité que ha enfrentado con exigencia y fuertes reproches el diálogo con Cuba, como pudimos ver en el vídeo público de las sesiones, y que ha materializado en un informe gravísimo sobre la situación de la tortura en dicho país”, dijo la organización.

De igual modo, señaló que, hasta el 31 de mayo de 2022, la lista de prisioneros políticos en Cuba recogía un total de 1.046 prisioneros sufriendo condenas judiciales, así como también disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna, en flagrante violación de la ley internacional y el debido proceso.

Cuban Prisoners Defenders denunció que la dictadura cubana ejecutó una masiva detención de más de 5.000 personas en los eventos del 11J en Cuba, en apenas 3 ó 4 semanas. Cuba, como ya ha sido denunciado por el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas y por su vicepresidente Sébastien Touzé, tiene en 2022 once mil condenados sin delito, con penas de 1 a 4 años, por “por la conducta que se observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista” (Art. 72 de Código Penal hasta ahora vigente). Le llaman peligrosidad social pre-delictiva, una temible arma de represión temprana masiva, pues fundamentalmente afecta a los jóvenes.

Los juicios contra los detenidos, añade, “se han realizado a puerta cerrada. No se ha permitido a organismos internacionales y diplomacia de más de 27 países, que lo han solicitado, estar presentes en los juicios. Tampoco los allegados podían estar presentes todos ellos, y los presentes tenían que estar con fuertes restricciones y represión. La vigilancia ha sido asfixiante y la represión en torno a las vistas ha sido patente, militarizando los juzgados y calles aledañas”.

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