La política de detención migratoria sin derecho a fianza impulsada por la administración de Donald Trump sufrió un nuevo revés en los tribunales de apelación de Estados Unidos. Un panel dividido del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, con sede en Boston, determinó que el Gobierno amplió de manera indebida el alcance de una disposición de la legislación migratoria de 1996.

La decisión, adoptada por dos votos contra uno, rechaza la interpretación utilizada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para detener sin fianza a inmigrantes que llevan años viviendo en Estados Unidos, incluso cuando no tienen antecedentes penales.

El conflicto se originó después de que el ICE adoptara, en julio de 2025, una nueva interpretación de las facultades de detención obligatoria. Bajo esa postura, personas que ya residían en el país podían ser consideradas como solicitantes de admisión a Estados Unidos y, por tanto, quedar sujetas a detención obligatoria mientras avanzaban sus procesos migratorios.

Durante décadas, esa disposición había sido aplicada principalmente a personas que ingresaban recientemente al país. Los inmigrantes que ya se encontraban dentro de Estados Unidos podían ser detenidos bajo otras normas y, en determinadas circunstancias, solicitar una audiencia para establecer una fianza.

La nueva política provocó una ola de demandas en tribunales federales. De acuerdo con los datos citados en el proceso, cientos de jueces se han pronunciado sobre la interpretación del Gobierno. Más de 460 decisiones habrían considerado incorrecta la aplicación de la norma por parte de la administración, frente a 54 fallos favorables a su posición.

El fallo del Primer Circuito se suma a decisiones similares adoptadas por otros tribunales de apelación, aunque el panorama judicial no ha sido uniforme. Los tribunales del Quinto Circuito, con sede en Luisiana, y del Octavo Circuito, con sede en Misuri, se han pronunciado previamente a favor de la administración Trump.

La mayoría del Primer Circuito consideró especialmente relevante que durante más de tres décadas distintas administraciones presidenciales, incluida la primera de Trump, aplicaron de otra manera las disposiciones cuestionadas.

La jueza Lara Montecalvo, autora de la opinión mayoritaria, señaló que cinco administraciones habían aplicado durante décadas la legislación de acuerdo con la interpretación adoptada ahora por el tribunal. La jueza Sandra Lynch también respaldó la decisión.

El juez Joshua Dunlap, designado durante el primer mandato de Trump, discrepó y sostuvo que la interpretación del Gobierno constituye una lectura más estricta de una legislación migratoria compleja. También consideró que la intención del Congreso al aprobar las modificaciones de 1996 no resulta tan clara como sostuvo la mayoría.

El enfrentamiento legal podría llegar ahora a la Corte Suprema, que tiene previsto analizar el conflicto durante el próximo período. El máximo tribunal podría establecer finalmente hasta dónde llegan las facultades del Gobierno para ordenar detenciones obligatorias sin fianza de inmigrantes que ya llevan años establecidos en Estados Unidos.

Fuente: POLITICO

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