El nuevo periodo de sesiones de la Corte Suprema de Estados Unidos comenzó esta semana con dos importantes disputas migratorias en agenda: el uso de terceros países para deportar a personas que no pueden ser enviadas directamente a sus naciones de origen y la detención obligatoria de ciertos inmigrantes sin una audiencia para solicitar fianza. Ambos casos podrían tener consecuencias para migrantes cubanos que enfrentan procesos de expulsión o permanecen bajo custodia de ICE.

La Corte Suprema de Estados Unidos abrió el lunes 5 de octubre su nuevo periodo de sesiones, que se extenderá hasta 2027. Entre los asuntos que deberá examinar figuran dos controversias relacionadas directamente con la política migratoria impulsada por la administración de Donald Trump.

Uno de los casos, identificado como D. V. D. v. Department of Homeland Security (26-426), cuestiona la legalidad de las deportaciones de migrantes hacia países de los que no son ciudadanos.

La Corte Suprema aceptó revisar el caso el 29 de septiembre y, al mismo tiempo, suspendió una decisión de un tribunal federal de Massachusetts que había bloqueado la política. Los magistrados acordaron escuchar los argumentos durante la sesión de diciembre de 2026. Entre las cuestiones que deberán resolver están si el Gobierno puede realizar estos traslados conforme a la ley migratoria y qué garantías de debido proceso deben recibir las personas antes de ser enviadas a un tercer país.

La decisión provisional ya permitió que la administración estadounidense reanudara estos traslados mientras el litigio continúa. El conflicto gira, entre otros aspectos, en torno a si los migrantes deben recibir información suficiente sobre su destino y una oportunidad para argumentar que podrían sufrir persecución o tortura allí.

El asunto tiene especial relevancia para los cubanos porque algunos ciudadanos de la Isla han sido enviados a países africanos que no son su nación de origen. Reportes recientes han documentado casos de cubanos trasladados a Bangui, capital de la República Centroafricana, dentro de esta política.

La controversia también genera preocupación internacional. Reuters informó recientemente sobre decenas de migrantes enviados a terceros países, algunos de ellos sin vínculos previos con esas naciones, mientras permanecían bajo diferentes formas de custodia o enfrentaban dificultades para establecer su situación legal.

El segundo caso es Rhoney v. Barbosa da Cunha (26-104). La Corte aceptó revisarlo el 1 de octubre para determinar si una disposición de la Ley de Inmigración y Nacionalidad obliga a detener, durante los procedimientos de deportación, a determinadas personas que se encuentran en Estados Unidos sin haber sido admitidas legalmente.

La pregunta concreta presentada ante los magistrados es si el artículo 8 U.S.C. §1225(b)(2)(A) exige la detención de estos inmigrantes mientras se resuelve su proceso de expulsión.

El caso nació a partir de la situación de Ricardo Aparecido Barbosa da Cunha, un brasileño que llevaba años viviendo en Estados Unidos. Después de ser detenido por ICE, las autoridades determinaron que debía permanecer bajo custodia sin una audiencia de fianza. Tribunales federales de apelaciones han llegado a conclusiones diferentes sobre la interpretación de la norma, lo que llevó el conflicto hasta el máximo tribunal.

La disputa podría tener un alcance mucho mayor que el caso individual. La administración sostiene que la legislación federal permite aplicar la detención obligatoria a determinados inmigrantes que ingresaron al país sin autorización. Organizaciones defensoras de los inmigrantes, por su parte, argumentan que quienes ya viven dentro de Estados Unidos deben poder acudir ante un juez para solicitar su liberación bajo fianza cuando las circunstancias lo permitan.

Para los cubanos, esta cuestión puede resultar especialmente importante debido al número de inmigrantes de la Isla que llevan años residiendo en Estados Unidos y que, pese a tener vínculos familiares y comunitarios establecidos, pueden quedar sujetos a procedimientos migratorios.

Los dos casos llegan al Supremo en un momento de fuertes disputas judiciales sobre el alcance de las medidas migratorias del Gobierno.

Mientras en el caso de los terceros países la Corte deberá pronunciarse sobre los límites de las deportaciones y las garantías que deben recibir los afectados, en el litigio sobre la detención tendrá que interpretar hasta dónde llega la obligación federal de mantener bajo custodia a determinados inmigrantes durante sus procesos.

Las decisiones definitivas podrían establecer reglas que afecten a miles de personas y definir hasta qué punto los tribunales inferiores pueden intervenir en las políticas migratorias de la administración federal. Por ahora, ambos asuntos continúan pendientes y no existe todavía una decisión final sobre el fondo de ninguna de las dos controversias.

Fuentes: Corte Suprema EE.UU. - Reuters

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