El cierre parcial del gobierno federal en Estados Unidos, decretado tras el fracaso del Congreso para aprobar un nuevo paquete de gastos, ha dejado a millones de personas en incertidumbre. Sin embargo, un área no se detendrá será la de las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

De acuerdo con el abogado especializado en temas migratorios Ángel Leal, las redadas y detenciones continúan activas incluso durante la parálisis de las agencias federales. Esto significa que las comunidades inmigrantes seguirán expuestas a arrestos y procesos de deportación en cualquier momento.

La diferencia está en los tribunales de inmigración. Según Leal, las audiencias de personas no detenidas podrían suspenderse temporalmente, ya que no se consideran esenciales. Esta situación genera un gran riesgo: quienes no estén atentos a la reprogramación de sus citas podrían ser sancionados con órdenes de deportación en ausencia. “Lo último que queremos es que alguien pierda su caso por no presentarse”, advirtió el abogado.

Los datos más recientes de ICE muestran un panorama preocupante. En septiembre de 2025, más de 59.000 personas fueron detenidas, y lo más alarmante es que el 71.5% de ellas no tenía antecedentes criminales. Esto contrasta con el discurso oficial de que las redadas se enfocan en delincuentes peligrosos. Tan solo en los últimos días, las detenciones de inmigrantes sin condenas aumentaron en más de mil, mientras que las de personas con historial criminal cayeron en 170.

Texas continúa siendo el estado con mayor número de detenidos, con centros como el del Condado de Adams en Misisipi reportando más de 2.000 inmigrantes bajo custodia diariamente. Muchos de los arrestados enfrentan cargos menores, como infracciones de tránsito, lo que refuerza la percepción de que ICE amplía su enfoque más allá de los llamados “casos prioritarios”.

Mientras tanto, otros programas federales sí se ven paralizados: préstamos a pequeños negocios, servicios del IRS, inspecciones de alimentos, gestión de viviendas, atención en parques nacionales y publicaciones en redes de embajadas.

El impacto económico ya es tema de debate. Recordemos que el cierre de 2019 le costó a la economía estadounidense 8.000 millones de dólares, y algunos analistas advierten que esta vez el daño podría ser aún mayor.

Para la comunidad inmigrante, el mensaje es claro: el cierre del gobierno no representa una pausa en las operaciones de ICE. Por el contrario, el aumento de detenciones sugiere que los operativos se intensifican. La recomendación de abogados y defensores de derechos humanos es mantenerse informados, verificar el estatus de las audiencias y contar con apoyo legal para enfrentar un escenario cada vez más incierto.

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