La comunidad migrante de California enfrenta una nueva oleada de terror tras los recientes operativos ejecutados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en iglesias católicas del estado.

El días recientes, agentes federales realizaron redadas en las parroquias St. Adelaide, en Highland, y Our Lady of Lourdes, en Montclair. En estos lugares, al menos una persona fue arrestada dentro del entorno eclesiástico, mientras que otras fueron detenidas en los estacionamientos de las propiedades, según reportaron medios como The San Bernardino Sun e Infobae.

Las acciones, que se dieron sin previo aviso, han generado una intensa preocupación entre los fieles, especialmente aquellos que cuentan con un estatus migratorio irregular o en proceso.

“Las iglesias siempre fueron espacios de resguardo, ayuda humanitaria y consuelo espiritual para los más vulnerables”, señalan líderes religiosos, que además confirman los eventos y expresado públicamente su rechazo. La comunidad de fe y organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado lo que consideran una transgresión a un espacio tradicionalmente considerado sagrado y protegido.

"Estos operativos no solo violan la confianza entre la iglesia y la comunidad, sino que siembran un miedo profundo en quienes acuden buscando esperanza", expresó un portavoz parroquial.

Las iglesias, particularmente en estados como California, han tenido históricamente un rol activo en la defensa de los migrantes, brindando desde asesoría legal hasta albergue temporal. La irrupción de ICE en estos espacios representa un cambio drástico en el enfoque de la política migratoria.

Estos hechos se enmarcan dentro de una nueva estrategia federal que autoriza operativos incluso en “ciudades santuario”, donde las autoridades locales suelen limitar su cooperación con agencias federales. Los efectos inmediatos no se han hecho esperar: en algunas comunidades, la asistencia a los servicios religiosos ha disminuido considerablemente, y no solo entre migrantes indocumentados, sino también entre residentes legales e incluso ciudadanos naturalizados, temerosos de ser blanco de detenciones erróneas o interrogatorios arbitrarios.

"Estamos viendo cómo el miedo está paralizando a nuestras comunidades. La fe debería ser un refugio, no una amenaza", advirtió el obispo Alberto Rojas en una declaración pública. Además, señaló que los operativos no se están limitando a iglesias, sino que se han expandido a barrios residenciales y espacios laborales, elevando aún más la tensión social.

Frente a este panorama, muchas parroquias han redoblado sus esfuerzos para proteger a sus comunidades, abriendo sus puertas a quienes buscan refugio y activando redes de apoyo legal.

No obstante, la incertidumbre persiste y el debate sobre los límites éticos y legales de estas acciones continúa abierto. Para muchos, el impacto de esta política migratoria no solo se mide en detenciones, sino en la erosión de la confianza y la seguridad en los espacios más fundamentales de la vida comunitaria.

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