Un residente del condado de Miami-Dade se declaró culpable ante un tribunal federal de participar en un esquema de fraude bancario que utilizó cheques falsificados para desviar aproximadamente 14 millones de dólares de las cuentas de miles de personas y empresas en Estados Unidos.

El acusado, Eri Guzmán Ortiz, de 69 años, admitió un cargo de fraude electrónico relacionado con una operación en la que creó empresas ficticias para depositar cheques fraudulentos y transferir dinero sin autorización desde las cuentas de las víctimas.

De acuerdo con los documentos judiciales, Guzmán Ortiz recibió de un contacto en Canadá listas con nombres de personas y compañías que supuestamente habían realizado compras a esas empresas ficticias y autorizado cargos bancarios. Sin embargo, las investigaciones determinaron que dichas transacciones nunca existieron.

Con esa información, el acusado elaboró cheques fraudulentos que fueron depositados en cuentas vinculadas a las empresas falsas, logrando mover millones de dólares mediante operaciones que aparentaban ser legítimas.

El fiscal federal del Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones, afirmó que el esquema permitió acceder de manera ilegal a las cuentas bancarias de miles de víctimas y destacó que el acusado utilizó estructuras empresariales ficticias para ocultar el origen de las operaciones.

La investigación estuvo a cargo del Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos (USPIS) y de la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC-OIG), agencias que rastrearon las transacciones y reunieron las pruebas que llevaron a la declaración de culpabilidad.

La audiencia de sentencia fue fijada para el próximo 5 de noviembre. Guzmán Ortiz enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión, aunque la condena definitiva será determinada por un juez federal tras evaluar las directrices de sentencia y otros factores establecidos por la ley.

Las autoridades estadounidenses señalaron que este caso forma parte de los esfuerzos para combatir los delitos financieros y proteger el sistema bancario frente a organizaciones y personas que emplean documentos falsificados para cometer fraudes a gran escala.

Fuente: Departamento de Justicia de Estados Unidos

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