La falta de transparencia en las estadísticas sobre pobreza en Cuba ha permitido que el régimen mantenga un relato oficial que distorsiona la realidad socioeconómica del país, limitando la capacidad de organismos internacionales, como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), para evaluar de manera objetiva la situación de la isla.

Esta opacidad en los datos estadísticos sobre pobreza en Cuba juega un papel crucial en la construcción de un discurso oficial que presenta una visión irreal del país, según indican varios expertos. Este fenómeno no solo afecta la percepción interna de la realidad, sino que también obstaculiza la posibilidad de una evaluación imparcial por parte de organismos internacionales, en los cuales Cuba participa activamente. El economista Pedro Monreal, a través de un hilo en X, destacó que Cuba se encuentra ausente en la "Nota metodológica: Indicadores en CEPALSTAT estimados a partir del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG)", publicada en junio de este año. Este informe es fundamental para generar indicadores socioeconómicos comparables entre países, especialmente sobre temas de pobreza.

Monreal explicó que en Cuba se recolectan datos a través de la Encuesta Nacional sobre la Situación Económica de los Hogares (ESEH). La última de estas encuestas fue realizada a finales de 2022, pero a pesar de su anuncio oficial, los resultados nunca fueron publicados ni, aparentemente, entregados a la CEPAL. Según el economista, esta falta de transparencia en los datos clave sobre pobreza y desigualdad forma parte de un esquema más amplio que ayuda a mantener una visión oficial del bienestar social que no refleja la realidad de los ciudadanos. En lugar de fomentar un debate informado basado en datos, el discurso del régimen insiste en que la asistencia social es suficiente para asegurar el bienestar de los "sectores vulnerables".

"Siendo la 'continuidad' del empobrecimiento masivo un fenómeno sobresaliente de la Cuba actual, la deshonestidad estadística facilita el discurso oficial de esconder la cabeza como el avestruz, acompañado por la perorata sobre la asistencia social a los vulnerables", afirmó Monreal.

Esta práctica permite al gobierno eludir una reflexión crítica sobre las causas subyacentes del empobrecimiento generalizado en la isla y las verdaderas desigualdades sociales. Además, contribuye a mantener una imagen distorsionada de la situación económica, presentándola de manera más positiva de lo que realmente es.

Los informes de la CEPAL son esenciales para entender el contexto económico y social de los países miembros, incluido Cuba, particularmente en lo que respecta a la medición de la pobreza. En su último informe, la CEPAL subraya la importancia de contar con datos confiables para realizar evaluaciones precisas del bienestar de la población. La falta de estos datos en Cuba limita la capacidad para formular políticas públicas eficaces que puedan reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.

Según el informe “El Estado de los Derechos Sociales en Cuba” publicado en julio de 2024 por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, un 89% de la población cubana vive en extrema pobreza, un aumento de un punto porcentual respecto al año anterior. Sin embargo, en octubre pasado, durante su participación en el Foro Mundial de la Alimentación, el presidente Miguel Díaz-Canel se limitó a señalar que el gobierno intentaba aumentar las "capacidades productivas".

Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, lo que ha provocado un aumento en la pobreza, según lo indicado por el economista Orlando Freire Santana a Martí Noticias la semana pasada. "La situación es insostenible. Una inflación galopante que está afectando a todo el mundo, a los trabajadores. Pero me imagino en qué situación estarán los pobres jubilados que ganan una pensión de 1,500 pesos. ¿Cómo viven? No me puedo imaginar cómo esa gente vive", comentó Freire Santana.

Freire Santana coincidió con Monreal en que el mecanismo establecido por el Estado para asistir a estas personas, incluido el Sistema de Atención a las Familias (SAF), no cubre ni una mínima parte de sus necesidades.

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