Activistas, periodistas independientes y miembros de la oposición cubana denunciaron este jueves un amplio operativo de la Seguridad del Estado destinado, según afirman, a impedir su asistencia a la recepción organizada por la misión diplomática de Estados Unidos en La Habana con motivo del 250 aniversario de la independencia estadounidense.

De acuerdo con Martí Noticias, varios invitados al evento reportaron haber sido objeto de amenazas, citaciones policiales, vigilancia y restricciones de movimiento desde la víspera de la celebración.

Entre los casos denunciados figura el de la activista Rosa Rodríguez, quien aseguró que agentes de la Seguridad del Estado le comunicaron que no podía abandonar su vivienda en el municipio de La Lisa.

Según relató, los oficiales le advirtieron que enfrentarían "medidas severas" si intentaba asistir a la recepción organizada en la residencia del jefe de la misión diplomática estadounidense. La activista calificó la medida como una violación de sus derechos y afirmó que se encontraba prácticamente confinada en su propio domicilio.

También la periodista independiente Yoani Sánchez denunció en redes sociales la presencia de agentes frente al edificio donde reside, una acción que, según indicó, buscaba impedirle salir de su casa.

Por su parte, el opositor y expreso político Mario Alberto Hernández Leyva informó que fue citado por las autoridades de Marianao después de recibir la invitación para asistir al evento.

En la provincia de Pinar del Río, otros activistas denunciaron haber recibido advertencias para que no viajaran a La Habana. Entre ellos se encuentran Esteban Ajete, así como Katia Hernández, Lisandra Orraca e Irina León, quienes manifestaron su intención de intentar salir de sus viviendas pese a las advertencias.

Asimismo, trascendió que Yoandri Izquierdo y Dagoberto Valdés también fueron objeto de medidas restrictivas.

Este tipo de denuncias suele repetirse en Cuba antes de actividades organizadas por representaciones diplomáticas extranjeras o durante fechas consideradas sensibles por el Gobierno. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han documentado en reiteradas ocasiones el uso de vigilancia, arrestos temporales y restricciones de movilidad contra opositores, periodistas y miembros de la sociedad civil para impedir su participación en reuniones o actos públicos.

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