La represión contra los trabajadores por cuenta propia no da tregua en Guantánamo. Entre el 18 y el 20 de diciembre, las autoridades provinciales desplegaron una amplia operación de inspecciones, multas, decomisos y cierres de negocios, bajo el argumento de enfrentar los llamados precios abusivos y especulativos en el comercio y los servicios.

Según la información oficial, durante esos tres días se realizaron más de 1.400 inspecciones, de las cuales se derivaron más de 800 violaciones detectadas. Las cifras revelan que en más de la mitad de los controles se hallaron irregularidades, lo que sirvió de base para imponer alrededor de 830 multas, muchas de ellas sustentadas en el Decreto No. 30 y el Decreto Ley No. 91, normativas ampliamente cuestionadas por su carácter punitivo y discrecional.

Las medidas no se limitaron a sanciones económicas. También incluyeron ventas forzosas, cierres temporales de establecimientos y el retiro de proyectos económicos reincidentes, especialmente en municipios como Yateras, Caimanera y Niceto Pérez. En la práctica, estas acciones significan la paralización de pequeños negocios que, en muchos casos, constituyen la única fuente de ingresos de familias enteras.

Las autoridades señalaron como principales infracciones la alteración de pizarras informativas y el aumento no autorizado de precios en productos regulados por la Resolución 225. Entre los artículos más señalados figuran alimentos básicos de alta demanda como pollo, picadillo, aceite vegetal, detergente y espaguetis, así como productos agropecuarios concertados por el Consejo de la Administración Municipal (CAM).

No obstante, el énfasis oficial en el “orden” y la “protección al consumidor” contrasta con la realidad cotidiana de la provincia. Guantánamo, una de las regiones más empobrecidas del país, sufre una escasez crónica de alimentos y bienes esenciales. Los precios se disparan no solo por prácticas especulativas, sino por la falta de oferta, los altos costos de reposición y un mercado mayorista inexistente para los cuentapropistas.

El sector del transporte de pasajeros volvió a figurar entre los más sancionados. Inspectores detectaron cobros por encima de las tarifas establecidas en rutas urbanas e intermunicipales, lo que derivó en multas tanto a transportistas estatales como privados, incluidos motoristas. Sin embargo, los usuarios continúan enfrentando largas esperas y una oferta de transporte claramente insuficiente, lo que convierte el cumplimiento estricto de tarifas en una exigencia difícil de sostener.

Las acciones de control también se extendieron al uso obligatorio de pasarelas de pago, el incumplimiento de depósitos bancarios y la realización de actividades de transporte de carga y personal sin la Licencia Operativa correspondiente. Todo ello forma parte de una estrategia que prioriza el castigo sobre la búsqueda de soluciones estructurales.

El Gobierno Provincial del Poder Popular aseguró que estas operaciones continuarán con el objetivo de fortalecer la disciplina comercial y la transparencia. Sin embargo, para muchos cuentapropistas, esta “ofensiva” no hace más que profundizar la asfixia económica, en un contexto donde el Estado no logra garantizar abastecimiento ni precios accesibles, pero sí despliega con eficacia su aparato de control y sanción.

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