La Feria Agropecuaria de Marianao, tradicionalmente un espacio donde la población puede acceder a alimentos a precios más asequibles, se convirtió escenario de denuncias por abuso de poder y multas desproporcionadas, según reporta La Tijera News. Varios vendedores denunciaron que Inspectores Estatales (DIS) aplicaron más de 15 sanciones económicas, con montos que oscilaron entre 8 mil y 16 mil pesos, e incluso en algunos casos se aplicaron dos multas al mismo comerciante.

Según los afectados, estas sanciones fueron impuestas bajo Decretos Ley mal aplicados o directamente inventados, lo que generó indignación y un sentimiento de indefensión. Entre los inspectores señalados por los denunciantes se encuentran la inspectora Yaima, alias “La Iyabo”; la inspectora conocida como “La Musa”, también identificada como Iyabo; Indira Guillén (Inspectora No. 316); Yudiane García (No. 312); Anaibis Castañeda (No. 498); y Yoanis Basulto (No. 483).

“No nos dejan trabajar. Esto parece una verdadera cacería de brujas”, afirmaron varios vendedores, quienes denunciaron que la represión y las multas buscan asfixiar económicamente a quienes intentan llevar alimentos a la población. La situación alcanzó tal nivel que ni siquiera la funcionaria encargada de dirigir la feria escapó al caos, siendo agredida verbalmente durante los enfrentamientos, reflejando la descomposición y los conflictos internos dentro de la estructura gubernamental del municipio.

La Feria Agropecuaria de Marianao se ha convertido, según los denunciantes, en un ejemplo de hostigamiento sistemático contra los trabajadores por cuenta propia. Los vendedores sostienen que la arbitrariedad y el abuso de poder son parte de un patrón más amplio de control y represión dentro del gobierno local, donde las reglas no se aplican de manera uniforme y los comerciantes son constantemente amenazados con sanciones económicas que comprometen su sustento.

El descontento se extiende a la percepción de desigualdad, ya que mientras los trabajadores por cuenta propia son multados severamente, otras instituciones estatales, como la CADECA, operan con precios que superan ampliamente los valores oficiales sin enfrentar sanciones. La comunidad local y los vendedores exigen transparencia y el cese de estas prácticas abusivas.

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