Trasciende hoy que los cubanos continúan sin la capacidad de reclamar posibles violaciones a sus derechos constitucionales ante los tribunales, tras confirmarse el aplazamiento del proyecto de ley al respecto.

Dos años y medio después de aprobada la carta magna en 2019, sigue sin definirse, el proyecto de ley de reclamación de derechos constitucionales, cuando el cronograma inicial indicaba que “el Tribunal Supremo Popular debía presentar ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) el proyecto de ley de reclamación de derechos constitucionales 18 meses después de que entrara en vigor la Constitución”.

El medio independiente El Toque, recuerda que en diciembre de 2020, modificaron ese cronograma legislativo y “fue anunciado el aplazamiento de la presentación de esa norma por un año más en las reestructurado por esas fechas”.

Al día de hoy la Asamblea Nacional no ha comunicado otra modificación del cronograma legislativo, aunque sí establecieron los proyectos de ley que se discutirán en su última sesión ordinaria de 2021, donde dejaron fuera la iniciativa para la reclamación ante la violación de derechos constitucionales.

“Y lo más triste y sucio, es que no haya un diputado, ni uno solo, que realmente represente al pueblo y exija que en vez de estar aprobado otras resoluciones y leyes sin sentidos, acaben de discutir y aprobar la ley de derechos constitucionales”, dice un cubano con evidente enojo, tras conocer la noticia.

Para la cubana Alina Bárbara López Hernández, Coordinadora del medio La Joven Cuba: “En buen cubano pudiera citarse el viejo refrán que reza: "compraron cabeza y le cogieron miedo a los ojos", lo cierto es que nuestra burocracia, queriendo darse aires democráticos, anunció al mundo y prometió a la ciudadanía cubana, que, por obra y gracia de la Constitución de 2019, seríamos un flamante Estado Socialista de Derecho. Era una trampa cazabobos en la que muchos cayeron. Sin embargo, la primera en caer fue la burocracia, porque ahora se sitúan claramente en una postura de violación injustificada del texto constitucional”.

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