En medio de una profunda crisis energética y de desabastecimiento de agua, el gobierno cubano ha decidido liberar a los delegados de circunscripción de sus empleos habituales para que puedan dedicarse plenamente a atender a la comunidad.

Esta medida responde al aumento de protestas ciudadanas y el creciente descontento social que se ha extendido por varias regiones del país, particularmente en La Habana y Santiago de Cuba.

Durante una videoconferencia presidida por el gobernante Miguel Díaz-Canel y el primer ministro Manuel Marrero Cruz, se reconoció la gravedad del escenario nacional. Ambos dirigentes intercambiaron con autoridades provinciales y municipales, abordando las afectaciones provocadas por el colapso del Sistema Eléctrico Nacional y la escasez de agua potable, dos problemas que han afectado severamente la calidad de vida de la población.

Manuel Marrero enfatizó la necesidad de fortalecer el trabajo comunitario y destacó la importancia de “hablar directamente con las personas”, señalando que este contacto cercano es el método más efectivo para gestionar esta crisis. Además, hizo un llamado para que los directores municipales apoyen a los delegados en la entrega de información a los vecinos, con el objetivo de reducir la incertidumbre y el malestar.

En ciudades clave, los delegados han sido movilizados para realizar labores comunitarias, liberándolos temporalmente de sus responsabilidades laborales. Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Partido Comunista en Granma, afirmó que “nada supera el contacto directo con el pueblo” y resaltó la necesidad de mantener un vínculo cercano con la población, especialmente en los barrios más afectados.

Sin embargo, a pesar de estas acciones, las protestas continúan creciendo, con manifestaciones en la capital y en localidades orientales como Gibara, donde los residentes expresan su frustración ante la ineficiencia del régimen para resolver problemas básicos. El gobierno, aunque reconoce la crisis, no ha presentado un plan claro para solucionarla y ha optado por descalificar a los manifestantes en lugar de atender sus demandas.

Este escenario refleja la complejidad de la situación cubana, donde la falta de inversiones estratégicas en infraestructura crítica ha profundizado la crisis energética y social, poniendo a prueba la capacidad del gobierno para gestionar el malestar popular.

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