Un conjunto de modificaciones se añadirá a las existentes regulaciones del Trabajo por Cuenta Propia en el país, para continuar perfeccionando dicha modalidad, según dio a conocer este martes Margarita González Fernández, ministra de Trabajo y Seguridad Social.

Al intervenir en la Comisión de Asuntos Económicos, de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), reunida previamente al III Período Ordinario de Sesiones de su IX Legislatura, la titular comentó que se estudian nuevas medidas que, aunque “no son significativas”, propiciarán intencionar mejor el trabajo para frenar las ilegalidades, principal lastre en esta forma de gestión no estatal.

“El problema hoy en los territorios es el tema de la ilegalidad impune, esto provoca descontento en los cuentapropistas que sí cumplen con sus obligaciones y ven que en su entorno hay otros que violan lo establecido”, dijo, según Cubadebate.

“Para ello, se evalúan un conjunto de medidas con los organismos que forman parte del sistema de atención a estos trabajadores, a fin de continuar perfeccionando y prestando especial atención al control, “para que esta forma de gestión no estatal ejerza su función en el marco de la legalidad y de coexistencia con el resto”, argumentó el portal.

González Fernández señaló, además, que en los municipios y barrios se sabe quiénes actúan de manera ilegal, “pero lo que hacemos es mirar a los lados y no enfrentarlo oportunamente”.

“Precisamente, para rectificar las deficiencias detectadas en la implementación de la política sobre el TCP y asegurar su desarrollo, en diciembre de 2018 se aprobó un conjunto de normas, entre las cuales sobresale la definición de los organismos de la Administración Central del Estado y entidades nacionales rectoras de esa modalidad, y el establecimiento de sus responsabilidades a nivel nacional, provincial y municipal (Decreto Ley 356/2018)”, argumentó.

“Se determinaron, asimismo, las responsabilidades y facultades de los consejos de la Administración provinciales y municipales del Poder Popular, y del Municipio Especial de la Isla de la Juventud, en la atención y control a la actividad”, indicó.

“A estas y otras medidas se añadió la concentración, en un solo cuerpo legal, de las contravenciones personales en el ejercicio del TCP. Según la funcionaria, al concluir los primeros seis meses en la implementación de estas regulaciones, los resultados evidencian aún varias deficiencias en el sistema de organización y control de esta forma de gestión”, reseñó.

Más detalles:

Entre ellas, las citadas manifestaciones de ilegalidad, asociadas o no al TCP, así como el incumplimiento de las atribuciones y obligaciones de los responsables en las áreas de comercialización donde operan estos trabajadores, en las cuales continúa la venta de productos importados o procedentes de la red de comercio nacional.

De acuerdo con cifras ofrecidas por la ministra —hasta mayo de 2019— en el país existían 605 mil 908 trabajadores por cuenta propia en las 128 actividades autorizadas. La Habana, Matanzas, Villa Clara, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba, agrupan el 65% del total.

En el período señalado se produjeron 185 mil altas, concentradas en las actividades de alimentos, transporte, servicios de belleza, productor o vendedor de artículos varios y trabajador contratado.

Por otra parte, se produjeron 77 mil 522 bajas, con mayor incidencia en las esferas de alimentos, albañilería, servicios de belleza y trabajadores contratados. Las mismas fueron a solicitud propia, o de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT), por el incumplimiento de las obligaciones fiscales.

La ONAT reportó 41 mil 311 cuentapropistas con incumplimientos en sus obligaciones tributarias, la mayoría en la capital del país, Matanzas y Las Tunas.

Fueron abiertas más de 43 mil cuentas bancarias fiscales, con un importe de 84 millones 279 mil 920 pesos; más de la mitad correspondientes a arrendadores de viviendas, habitaciones y espacios.

La ministra de Trabajo y Seguridad Social añadió que, hasta el cierre de mayo, se habían impuesto 17 mil 43 medidas por incumplimiento de la legislación por las direcciones integrales de supervisión, la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería, la Policía Nacional Revolucionaria y las autoridades sanitarias.

Del total, más de ocho mil resultaron notificaciones preventivas, y unas cinco mil multas, el 34% ( mil 874), por ejercer sin autorización.

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