Es noticia hoy en varios medios de prensa ibéricos que el gobierno español ha buscado el acercamiento con familias que a partir del próximo jueves iniciarán el proceso de demandas contra compañías extranjeras que se encuentran explotando en Cuba bienes inmuebles expropiados sin compensación después de 1960.

De acuerdo con ABC, "funcionarios en la misión diplomática española en Estados Unidos se han reunido para intentar mediar con los representantes y asesores legales de varias de estas familias del exilio cubano que hoy tienen la nacionalidad estadounidense".

Según el diario español los descendientes de dueños de propiedades que fueron despojados de sus bienes, junto a sus abogados "preparan estos días una notificación legal que prevén hacer llegar de forma inminente a las empresas españolas Meliá, Iberostar, Blau y H10".

A partir del jueves y por decisión de Donald Trump, la totalidad de las leyes del embargo a Cuba contenidas en el paquete Helms-Burton entrará en vigor.

En tanto, "los representantes legales de los denunciantes deben advertir a los demandados por carta de que van a tomar acciones legales en su contra al menos 30 días antes de acudir a los tribunales".

Como afirma ABC, "si las empresas demandadas no aceptan una conciliación y el juez acaba fallando en su contra, el importe final de la multa recibida puede alcanzar el triple del valor tasado por la ley norteamericana". Por el momento más de 200 empresas cubanas están identificadas como usurpadas en el inveNtario que realizó el gobierno de EEUU.

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