El presidente Donald Trump ha reavivado la polémica al proponer la deportación de ciudadanos estadounidenses que hayan sido condenados por ciertos delitos, aunque sin especificar cuáles. La propuesta ha generado una fuerte reacción entre expertos en derecho constitucional, quienes advierten que deportar a personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos es claramente inconstitucional.

Trump abordó el tema durante un encuentro en la Casa Blanca con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien ha aceptado recibir a personas deportadas desde EE.UU. en el polémico Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión conocida por su severidad.

"Siempre debemos respetar las leyes, pero también tenemos criminales locales que empujan a personas en el metro, que golpean a ancianas con bates de béisbol por la espalda... Son verdaderos monstruos", declaró Trump ante los medios. "Me gustaría incluirlos [en las deportaciones]".

La propuesta plantea un inquietante precedente: si un inmigrante acusado de pertenecer a una pandilla puede ser expulsado sin las debidas garantías procesales, ¿por qué no aplicar lo mismo a un ciudadano estadounidense? Para abogados y defensores de derechos humanos, la respuesta es clara: hacerlo sería no solo ilegal, sino una amenaza directa al Estado de derecho.

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