Las autoridades de Florida comenzaron a aplicar este miércoles una nueva legislación que endurece las restricciones contra empresas y personas que mantengan determinadas relaciones comerciales con Cuba y otros países considerados de "preocupación" por el estado, reforzando así la política de seguridad impulsada por el gobernador Ron DeSantis.

Según informó la agencia EFE, la denominada Ley de Restricción y Cumplimiento de la Interferencia Extranjera (FIRE) establece nuevas sanciones para compañías con sede en Florida que realicen actividades comerciales con Cuba en violación de las leyes federales estadounidenses, además de ampliar las facultades de las autoridades locales para actuar contra esos negocios.

La normativa permite a condados y municipios revocar licencias comerciales a empresas que incumplan las disposiciones federales relacionadas con la isla y contempla sanciones penales para quienes presenten información falsa sobre operaciones comerciales prohibidas.

El objetivo de la ley, de acuerdo con el gobernador DeSantis, es reducir la influencia de gobiernos extranjeros considerados adversarios y proteger las instituciones, la infraestructura crítica y la economía de Florida frente a posibles injerencias.

Además de Cuba, la legislación incluye en su lista de países de preocupación a Venezuela, China, Rusia, Irán, Corea del Norte y Siria. También incorpora restricciones dirigidas a funcionarios públicos, empleados gubernamentales y candidatos a cargos públicos, quienes no podrán aceptar regalos, beneficios u otras ventajas procedentes de gobiernos incluidos en esa clasificación o de organizaciones catalogadas como terroristas.

Otro de los aspectos de la nueva ley contempla sanciones para delitos cometidos con el propósito de favorecer a gobiernos extranjeros y limita determinados acuerdos relacionados con adopciones y contratos de maternidad subrogada cuando involucren a ciudadanos o residentes de esos países.

La entrada en vigor de la legislación coincide con una serie de medidas adoptadas recientemente en Florida para reforzar el control sobre actividades económicas relacionadas con Cuba. En las últimas semanas, el condado de Miami-Dade retiró la licencia fiscal local a una empresa que pretendía exportar combustible hacia la isla, mientras varias ciudades, entre ellas Miami y Hialeah, han iniciado investigaciones sobre negocios sospechosos de mantener vínculos con el Gobierno cubano.

Como consecuencia del nuevo escenario regulatorio, algunas compañías dedicadas al envío de alimentos y otros productos a Cuba han suspendido temporalmente sus operaciones mientras evalúan el alcance de las disposiciones legales.

La aprobación de la ley también coincide con el mantenimiento de las sanciones federales de Estados Unidos contra el Gobierno cubano y contra personas o entidades que desarrollen actividades en sectores considerados estratégicos para la economía de la isla, en un contexto de creciente presión política y económica sobre La Habana.

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