Un grupo de relatoras especiales de Naciones Unidas ha denunciado al régimen cubano por aplicar un patrón sistemático de represión contra activistas, basado en detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y presiones para el exilio.

La denuncia quedó recogida en una comunicación oficial enviada el 7 de enero de 2026 —identificada como JAL CUB 3/2026— y hecha pública en marzo. El documento fue firmado por las expertas Gina Romero, Alexandra Xanthaki, Irene Khan y Mary Lawlor, quienes alertan sobre graves violaciones de derechos humanos en la isla.

Según la misiva, las autoridades cubanas habrían instaurado una práctica conocida como “prisión o exilio”, mediante la cual activistas, artistas y opositores son forzados a abandonar el país o enfrentar procesos penales y encarcelamiento. Esta estrategia, advierten, busca limitar la disidencia y controlar el espacio cívico.

La comunicación, respaldada por organizaciones como Prisoners Defenders y Consorcio Justicia, no recibió respuesta oficial del Gobierno cubano dentro del plazo establecido por los procedimientos de Naciones Unidas, que es de 60 días.

Entre los casos señalados se encuentra el del opositor José Daniel Ferrer, quien, según las relatoras, ha sido sometido a múltiples detenciones que vulneran estándares internacionales. El documento indica que permaneció encarcelado por un periodo superior al de su condena original y que fue víctima de desapariciones forzadas en varias ocasiones.

Las expertas también citan preocupaciones expresadas previamente por el Parlamento Europeo en 2024 sobre su estado de salud, las condiciones de detención y denuncias de malos tratos. En ese contexto, señalan posibles violaciones a instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura.

Otro caso mencionado es el de Yosvany Rosell García Caso, condenado a 15 años de prisión tras participar en protestas en Holguín. Según el informe, durante su hospitalización permaneció bajo estricta vigilancia, mientras su entorno familiar enfrentó restricciones y supervisión.

Asimismo, las relatoras incluyen referencias a la situación del artista Maykel Castillo Pérez y del activista Luis Manuel Otero Alcántara, señalando que sus procesos judiciales estarían vinculados al ejercicio de la libertad de expresión, incluida la creación artística.

El documento advierte sobre un patrón de criminalización de la disidencia en Cuba, en el que las detenciones, el hostigamiento y la amenaza de exilio se utilizan como mecanismos de presión. Según las expertas, forzar a una persona a abandonar su país como condición para evitar prisión constituye una violación del derecho internacional.

Además, alertan que la retención de personas sin reconocimiento oficial de su detención, práctica conocida como desaparición forzada, contraviene tratados internacionales suscritos por Cuba.

Las relatoras concluyen que estas acciones generan un entorno restrictivo para el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, asociación y participación política, y piden a las autoridades cubanas responder a las preocupaciones planteadas en la comunicación oficial.

Fuente: Infobae

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