Un grupo de estudiantes de Derecho de la Universidad de Holguín presentó una demanda sin precedentes contra la estatal Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), luego del abrupto aumento en los precios de los servicios de Internet, medida que ha generado fuerte rechazo en sectores académicos y sociales del país.

Los jóvenes acusan a ETECSA de incumplir las condiciones contractuales, al aplicar nuevas tarifas sin previo aviso ni consulta, y denuncian que la decisión viola principios constitucionales, afecta el acceso a la educación y agrava la desigualdad digital.

Según el documento legal al que tuvo acceso Infobae, la demanda hace referencia explícita al incumplimiento por parte de ETECSA de su obligación de informar con al menos 30 días de antelación cualquier cambio en sus servicios, una exigencia que los estudiantes consideran indispensable en un Estado de Derecho.

Las nuevas tarifas establecen un plan de 6GB por 360 CUP, pero a medida que se agotan los datos, los siguientes paquetes se disparan: 3GB adicionales por 3.360 CUP y 15GB por más de 11.700 CUP. En comparación con un salario medio de apenas 5.700 CUP en la isla, el acceso a Internet se convierte en un lujo inalcanzable para muchos.

Aún más costosos resultan los paquetes ofertados en divisas extranjeras, con precios entre 10 y 35 dólares, equivalentes a más de diez veces el valor anterior a la subida. Para los estudiantes, esta "dolarización parcial" no solo afecta su acceso a la red, sino que vulnera derechos esenciales reconocidos en la Constitución cubana.

Uno de los promotores de la demanda, René Javier, publicó en redes sociales que los estudiantes "tienen plena capacidad jurídica" para reclamar sus derechos y exigir mayor transparencia. Señaló que el alza no fue acompañada por mejoras en el servicio, lo que, en su opinión, constituye una violación de las propias condiciones contractuales.

El grupo demandante también solicita la creación de un canal de diálogo con ETECSA, con el objetivo de abrir un espacio para plantear propuestas entre el 6 y el 13 de junio. Exigen además garantías de que no serán sancionados ni coaccionados por sus acciones legales.

En paralelo, estudiantes de la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría (CUJAE) emitieron un comunicado respaldando la iniciativa y denunciando la progresiva degradación de los servicios básicos en el país. Señalaron que el ajuste tarifario profundiza la brecha digital y social, y perjudica procesos clave como la digitalización educativa y bancaria.

El reclamo también pone el foco en quienes ejercen el teletrabajo, un sector que ha crecido tras la pandemia y que depende completamente de la conectividad. Los estudiantes rechazaron los "paquetes compensatorios" que ofreció ETECSA como solución temporal, al considerar que no responden a la magnitud del problema.

Ante la presión, el régimen cubano se vio obligado a pronunciarse. Eduardo Martínez Díaz, viceprimer ministro del gobierno, calificó los nuevos precios como una medida “temporal” y reconoció que afectará a casi la mitad de los usuarios habituales. Justificó la decisión por “restricciones financieras”, sin ofrecer soluciones inmediatas.

Por su parte, Tania Velázquez Rodríguez, presidenta ejecutiva de ETECSA, prometió medidas paliativas como acceso gratuito a plataformas educativas, mayor soporte a redes universitarias y servidores con energía garantizada. También habló de potenciar la consulta de contenidos académicos, aunque no precisó plazos ni presupuestos.

Mientras tanto, la comunidad universitaria exige respuestas concretas. La demanda presentada no solo representa un acto de valentía en un entorno represivo, sino que también abre la puerta a una nueva forma de activismo legal en Cuba, basada en el uso de los marcos jurídicos disponibles para enfrentar arbitrariedades del sistema.

(Con información de Infobae)

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