La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó una modificación constitucional que elimina el límite de edad de 60 años para ser electo presidente del país. Esta disposición, incluida originalmente en la reforma constitucional de 2019, impedía que una persona mayor de esa edad pudiera postularse al cargo en un primer mandato.

El cambio fue anunciado brevemente en la página de Facebook de Cubavisión Internacional, medio oficial del Estado cubano, pero la publicación fue eliminada pocos minutos después.

No obstante, varios usuarios lograron capturar pantallazos del anuncio antes de que fuera borrado.

El canal independiente Kinkalla TV fue uno de los primeros en divulgar la información, generando amplia repercusión en redes sociales.

Según versiones difundidas por medios no oficiales, la justificación del cambio estaría relacionada con la situación demográfica del país, marcada por el envejecimiento poblacional y la baja tasa de relevo generacional, así como por la intención de “abrir el espectro de oportunidades” a más personas con experiencia.

El límite de edad había sido impulsado durante la presidencia de Raúl Castro como parte de una serie de reformas institucionales orientadas a garantizar una renovación en los niveles más altos del poder político. El propio Castro promovió entonces el límite de edad y de mandatos, y sostuvo que el futuro liderazgo debía recaer en las nuevas generaciones.

Tras conocerse la modificación, el periodista y escritor cubano José Raúl Gallego reaccionó desde su perfil de Facebook recordando que, durante los debates públicos realizados en 2018 sobre el borrador constitucional, incluso voces afines al oficialismo habían cuestionado el límite de edad, aunque este fue finalmente mantenido en el texto aprobado. “Siete años después, parece que los dinosaurios se rehúsan a pasarle el poder a los dinosauritos”, escribió Gallego.

Por su parte, la activista Maripili del Pino compartió un video en redes sociales donde se analiza el posible trasfondo político de esta modificación y su conexión con futuras estrategias de sucesión dentro de la cúpula del poder.

Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial detallando los términos del cambio ni el procedimiento parlamentario seguido para su aprobación. La modificación podría tener implicaciones directas en las elecciones programadas para 2028.

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