La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este lunes 19 de mayo de 2025 al gobierno federal a proceder con la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) que permanece vigente para más de 300 000 ciudadanos venezolanos que residen en el país bajo esta modalidad (AP).

Con esta resolución, el tribunal superior aceptó una petición de la administración Trump para anular la extensión del TPS otorgado durante la presidencia de Joe Biden, dejándolo sin efecto mientras se resuelven los recursos pendientes en tribunales inferiores.

El TPS es una herramienta creada en 1990 que permite a personas procedentes de estados afectados por conflictos armados, desastres naturales o crisis humanitarias obtener un estatus migratorio temporal y autorización para trabajar sin riesgo de deportación (Departamento de Seguridad Nacional).

En marzo de 2021 la administración Biden incluyó por primera vez a Venezuela en este programa debido al colapso económico, la represión política y la emergencia humanitaria que azota al país, facilitando la permanencia legal de quienes huían de su territorio (AP).

Con la decisión del máximo tribunal, las oficinas de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podrán iniciar los trámites de revocación de los documentos de autorización laboral y de residencia temporal para este colectivo.

Aunque no implica expulsiones inmediatas, el fallo abre la puerta a que las órdenes de deportación comiencen a tramitarse en las próximas semanas. Familias enteras, muchas de ellas con hijos nacidos en territorio estadounidense y conexiones profundas con sus comunidades, entran ahora en un estado de absoluta incertidumbre.

En octubre de 2023 la administración Biden había renovado la designación del TPS para Venezuela, prorrogándola nuevamente en enero de este año con el argumento de que la situación en el país sudamericano no mostraba signos de mejora. Poco después, el equipo de transición de Donald Trump, tras su investidura en enero de 2025, impulsó un recurso de urgencia ante la Suprema Corte para detener esa prórroga. La jueza Ketanji Brown Jackson se opuso inicialmente a la suspensión, pero la mayoría del tribunal dio curso a la petición del Ejecutivo federal.

Defensores de derechos humanos y organizaciones civiles han advertido que retirar esta protección deja expuestos a miles de refugiados a condiciones extremas al regresar a Venezuela, donde enfrentan escasez de alimentos, medicinas y altos niveles de violencia (Amnistía Internacional). Asimismo, han señalado posibles sesgos de origen racial y político en la decisión, al considerar que se aplica de forma selectiva a ciertos grupos de migrantes.

Ante este panorama, abogados especializados en derecho migratorio han comenzado a presentar apelaciones y solicitudes de suspensión de oficio ante los tribunales federales. Paralelamente, algunos legisladores han planteado iniciativas en el Congreso para establecer una vía permanente de protección para venezolanos, similar a la que se aprobó en su momento para salvadoreños y nicaragüenses.

La revocación del TPS para más de 300 000 venezolanos no solo representa un cambio drástico en la política migratoria estadounidense, sino que también pone a prueba el equilibrio entre las decisiones judiciales y las emergencias humanitarias internacionales.

A medida que se desarrollen los procesos legales en instancias inferiores, las familias afectadas permanecerán a la expectativa de un posible restablecimiento de sus derechos o de una solución legislativa que les brinde estabilidad a largo plazo.

Fuente: Telemundo Noticias

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