Una reciente publicación del periódico oficialista Sierra Maestra ha causado indignación entre los santiagueros, al sugerir que la mejor manera de evitar robos en las bodegas es retirar los productos rápidamente. Una “solución” que no solo suena insensible, sino que también evade por completo la responsabilidad del Estado en la protección de bienes esenciales para la población.

El texto relata la historia de un ciudadano que, tras enterarse de que habían saqueado su bodega, lamentó especialmente la pérdida del arroz que no había alcanzado a recoger. Pero en lugar de asumir fallos estructurales, la Empresa de Comercio se limitó a justificar la falta de reposición de productos robados por falta de presupuesto, desnudando una vez más la falta de previsión del gobierno.

Esta respuesta no solo es insuficiente: es una bofetada al pueblo. Porque en lugar de ofrecer soluciones reales, las autoridades optan por culpar a los consumidores, empujándolos a ser más “diligentes” como si fueran ellos los responsables de custodiar las bodegas.

Lo que este tipo de discurso institucional refleja es una peligrosa tendencia a trasladar la responsabilidad a la ciudadanía, en lugar de admitir la incapacidad del sistema para garantizar la seguridad y el bienestar de sus habitantes. No son los vecinos quienes deben organizar rondas de vigilancia ni descargar la app para pagar más rápido. Son las instituciones las que deben garantizar que el arroz, el azúcar y el aceite que esperan por semanas no desaparezcan de un día para otro.

Es inadmisible que, en medio de una crisis de abastecimiento y precariedad generalizada, el gobierno pretenda que la población vigile sus mandados como si fueran lingotes de oro. El abandono de las bodegas no es culpa de la lentitud de los consumidores, sino de la negligencia de un aparato estatal que ha sido incapaz de modernizar su sistema de distribución ni asegurar una red mínima de protección.

La narrativa oficial, además, propone como solución el uso de plataformas electrónicas de pago, insinuando que esto podría agilizar las entregas y reducir las pérdidas. Pero nuevamente, se trata de un parche digital sobre una herida estructural, que nada resuelve si los almacenes siguen sin custodios, sin cámaras y sin respuesta ante el delito.

El problema de fondo es otro. El sistema de distribución estatal, basado en la libreta de racionamiento y en una economía de control absoluto, es obsoleto y profundamente ineficiente. La verdadera solución no está en cargar a los consumidores con responsabilidades que no les corresponden, sino en permitir una transformación estructural donde el pueblo cubano pueda acceder a alimentos con su propio dinero, en mercados competitivos, con precios estables y libre elección.

Eso, sin embargo, no es posible bajo el actual modelo comunista, que limita la iniciativa privada, reprime la competencia y mantiene al país sumido en una dependencia crónica del racionamiento. Mientras no se produzca un cambio de fondo, los cubanos seguirán recogiendo su arroz con miedo... y culpables, por no llegar a tiempo.

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