El programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos llegó oficialmente a su fin a la medianoche del 8 de noviembre, dejando a unos 250,000 beneficiarios frente a un futuro incierto en Estados Unidos.

Este beneficio, implementado en 2021 por el gobierno del entonces presidente Joe Biden, permitió que ciudadanos de Venezuela residieran y trabajaran legalmente en el país debido a la grave crisis política, económica y humanitaria que enfrenta su nación. Sin embargo, tras varios años y una única extensión, la Corte Suprema avaló la decisión del gobierno federal de ponerle punto final al programa.

El TPS se creó como una medida temporal para proteger a quienes no podían regresar a su país de origen sin correr riesgos, y en el caso de los venezolanos, la primera designación se otorgó el 9 de marzo de 2021 por un periodo de 18 meses. Luego se extendió hasta marzo de 2024, sin que se abriera una nueva ventana para quienes llegaron después de la fecha límite establecida. Con la expiración definitiva, miles de familias venezolanas pierden su permiso de trabajo y su estatus migratorio, quedando expuestas a la deportación o forzadas a buscar alternativas legales.

El abogado José Guerrero, experto en inmigración con oficina en Coral Gables, explicó que los afectados tienen varias opciones, aunque no todas son sencillas. Entre ellas está la posibilidad de solicitar asilo político, siempre que puedan demostrar un temor creíble de persecución si regresan a Venezuela.

También podrían optar por la residencia permanente si cuentan con familiares inmediatos ciudadanos estadounidenses, como un cónyuge o un hijo mayor de 21 años. En algunos casos, quienes ya tienen una orden final de deportación podrán intentar reabrir su caso ante la corte migratoria, aunque dependerá de su historial y de la evidencia disponible.

Guerrero advirtió que quienes no califiquen para ningún alivio migratorio deben abandonar el país de manera voluntaria dentro de los 180 días posteriores al fin del TPS, para evitar sanciones futuras que les impidan regresar legalmente. Además, pidió precaución ante posibles fraudes de personas que prometen extensiones o nuevos permisos inexistentes.

El final del TPS no implica deportaciones inmediatas, pero sí representa un cambio drástico para miles de familias que habían construido una vida en Estados Unidos bajo esta protección. Las organizaciones proinmigrantes han pedido al gobierno reconsiderar medidas humanitarias alternativas, mientras los afectados buscan asesoría legal para definir su destino.

Fuente: Telemundo 51

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