La economía cubana recibió un nuevo golpe este lunes tras la decisión del gobierno de Donald Trump de imponer sanciones adicionales contra su ya debilitada industria turística. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la incorporación de 11 nuevas entidades a su “lista restringida”, entre ellas el flamante hotel Iberostar Selection La Habana, un rascacielos de 42 pisos conocido como Torre K, inaugurado este mismo año.

La inclusión en dicha lista prohíbe a ciudadanos y empresas estadounidenses mantener vínculos comerciales con estas entidades, como hospedarse, invertir o proveer servicios. Según Washington, todas estas entidades están bajo control del aparato militar o de inteligencia del régimen cubano.

Esta medida forma parte de una ofensiva más amplia liderada por Trump, con la que busca debilitar las fuentes de ingresos del régimen y castigar las sistemáticas violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de Miguel Díaz-Canel. Las nuevas sanciones llegan apenas días después de que Estados Unidos aplicara restricciones de visado a funcionarios del régimen, en conmemoración del cuarto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021, duramente reprimidas con miles de detenciones y más de 700 personas aún encarceladas.

“Estados Unidos no dará la espalda al pueblo cubano. Continuaremos denunciando a los dictadores de nuestro hemisferio y cerrando las puertas a sus negocios sucios”, expresó el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

Las repercusiones son serias para Cuba, cuya economía depende en gran parte del turismo internacional como fuente clave de divisas. A diferencia de otras naciones caribeñas, que ya superaron el impacto económico de la pandemia, Cuba sigue sin levantar cabeza. Entre enero y mayo de 2025, el turismo cayó un 27% en comparación con el mismo periodo del año anterior, y un alarmante 62% si se compara con los niveles de 2019, según datos de Tourism Analytics.

Esta caída en la llegada de turistas agrava aún más una economía que se encuentra en estado crítico. El país atraviesa su peor crisis económica desde los años 90, con escasez generalizada de alimentos, apagones, inflación galopante y un sistema productivo colapsado. Mientras el régimen responsabiliza al embargo estadounidense, lo cierto es que el modelo centralizado, opaco y fallido que aún persiste en Cuba ha demostrado ser incapaz de generar prosperidad o atraer inversión.

Como respuesta a las sanciones, el canciller cubano Bruno Rodríguez reiteró la narrativa oficial de resistencia: “Estados Unidos podrá imponer bloqueos y sanciones, pero no quebrará la voluntad del pueblo cubano”, escribió en la red X. Sin embargo, estas declaraciones no disimulan la creciente desesperación del gobierno ante un panorama económico cada vez más oscuro.

En paralelo, Estados Unidos continúa su presión en el plano internacional. En junio, la activista Rosa María Payá, hija del opositor Oswaldo Payá, fue designada como comisionada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, una movida respaldada por Washington que irritó visiblemente a La Habana.

Con estas medidas, la administración Trump refuerza su estrategia de asfixiar financieramente al régimen y apoyar a la sociedad civil cubana, en un momento en que la economía de la isla parece haber llegado a un punto de no retorno.

(Con información de Bloomberg)

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