La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información advirtió que el anteproyecto del Código Penal de Cuba limita más la libertad de expresión y asociación en la Isla.

“Advertimos que el anteproyecto de Código Penal que pretende ser aprobado por el Gobierno cubano en abril del 2022 mantiene vigentes varios de los delitos que fueron utilizados por el Gobierno para restringir el ejercicio del derecho a la libre expresión en la Isla, entre ellos los delitos de propaganda contra el orden constitucional y desacato”, señaló la alianza en un comunicado.

Sobre el presunto delito de desacato, recordó que fue declarado por la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) como incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos.

El régimen “introduce por primera vez en una norma penal la criminalización del financiamiento a actores de la sociedad civil (Artículo 143), habilitando la sanción a quienes personalmente o como representantes de ‘organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica del país o de un Estado extranjero’, apoyen, fomenten o financien acciones ‘contra el Estado o su orden constitucional’”.

El delito “extiende el estigma ya no sólo a fondos norteamericanos sino a cualquier apoyo proveniente de ONGs, organizaciones filantrópicas e iniciativas individuales, que den lugar a opiniones o acciones que el Gobierno considere opuestos al sistema comunista o cualquier otro principio de la Constitución”.

Los cubanos que reciban financiamiento extranjero podrían ser condenados de cuatro a diez años en prisión, establece el Artículo 143.

El Artículo 185 establece penas de seis a un año para quienes cometan el delito de desacato: “quien amenace, calumnie, difame, insulte, injurie o, de cualquier modo, ultraje u ofenda, de palabra o por escrito, en su dignidad o decoro, a un funcionario público, autoridad o a sus agentes o auxiliares, en ejercicio de sus funciones o en ocasión o con motivo de ellas”.

La sanción podría ser de uno a tres años de privación de libertad si el desacato es contra el presidente o vicepresidente de la República, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, los demás miembros del Consejo de Estado o del Consejo de Ministros, los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el presidente del Tribunal Supremo Popular, el fiscal General de la República, al contralor general de la República o al presidente del Consejo Electoral Nacional.

Además, el Artículo 144 impone una sanción de uno a tres años a “quien, al tener conocimiento de la preparación o ejecución de cualquier delito contra la seguridad del Estado, no lo denuncie, sin perjuicio de tratar de impedirlo por todos los medios a su alcance”.

“Si bien el anteproyecto aún no fue aprobado, advertimos que en Cuba ya es utilizado para amedrentar a la población y desalentar el ejercicio de la libre expresión: recientemente, la periodista independiente Yadiris Luis Fuentes fue interrogada por agentes de la Seguridad del Estado, quienes la amenazaron con ser procesada a partir del mes de abril por violar el Artículo 143; y fue multada por el Ministerio de Comunicaciones en virtud del Decreto Ley 370, norma frecuentemente utilizada contra la ciudadanía que divulga información y opiniones contrarias al Gobierno en redes sociales”, señaló la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información.

“Solicitamos al Servicio Europeo de Acción Exterior, a la Oficina de la Alta Comisionada en Derechos Humanos de la ONU, a UNESCO y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH que incluyan estas preocupaciones en su diálogo bilateral con las autoridades cubanas, procurando que la nueva legislación penal se ajuste a los estándares internacionales en materia de DDHH y a la cláusula democrática y de DDHH del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre Cuba y la Unión Europea”, agregó.

La Alianza Regional “es una red con 14 años de trabajo conjunto conformada por organizaciones no gubernamentales, referentes de diversos países de las Américas, que compartimos la convicción de que la libertad de expresión y el acceso a la información pública son esenciales para garantizar la democracia y un ambiente habilitante del goce de otros derechos”, según su página web.

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