El gobierno cubano podría sancionar pronto, con condenas de entre cuatro y 10 años, a quienes considere que reciben financiamiento desde el extranjero para supuestas actividades contra el Estado y su orden constitucional, una amenaza para el ejercicio del periodismo independiente en la isla.

La nueva regulación será presentada a la Asamblea Nacional del Poder Popular en abril de 2022, como parte de un anteproyecto del Código Penal, bajo el título “Otros actos contra la seguridad del Estado”.

En específico, el artículo 143 de dicho documento, dado a conocer en el sitio web el Tribunal Supremo Popular, prevé sanciones a quien “por sí o en representación de organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica del país o de un Estado extranjero, apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros, con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional”.

Por otra parte, el artículo 144 plantea que “quien al tener conocimiento de la preparación o ejecución de cualquier delito contra la seguridad del Estado, no lo denuncie, sin perjuicio de tratar de impedirlo por todos los medios a su alcance, incurre en sanción de privación de libertad de uno a tres años”.

Tanto el régimen como sus defensores utilizan como argumento en reiteradas ocasiones el financiamiento extranjero a personas e iniciativas que disienten del gobierno, para desacreditarlos y satanizarlos, recordó el abogado Eloy Viera en el medio independiente El Toque.

Las autoridades cubanas han aprobado con anterioridad diversos decretos para regular la libertad de expresión en el país, con sanciones que van de cuantiosas multas a penas más rigurosas. Una de las más polémicas herramientas vigentes en el Código Penal, es la Ley 88, conocida como “Ley Mordaza”, que establece delitos de carácter ambiguo para enjuiciar fundamentalmente a disidentes de manera arbitraria.

Dicha ley, que considera incluso hasta la pena de muerte, solo fue empleada en una ocasión para condenar a los presos de la llamada Primavera Negra en 2003, cuando Cuba era gobernada por el fallecido dictador Fidel Castro. 

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