El presidente Joe Biden promulgó una nueva ley, H.R. 1505, que prohíbe el reconocimiento y uso en Estados Unidos de marcas comerciales confiscadas ilegalmente por el régimen cubano. Impulsada por los representantes Debbie Wasserman Schultz, de Florida, y Darrell Issa, de California, esta legislación busca proteger la propiedad intelectual de las víctimas de expropiaciones, evitando que el régimen cubano saque provecho de bienes robados.

La ley establece que los tribunales y las agencias ejecutivas estadounidenses, incluida la Oficina de Patentes y Marcas, no podrán reconocer ni validar marcas relacionadas con negocios o activos que hayan sido confiscados sin el consentimiento de sus propietarios originales o sus herederos.

“Debemos proteger a los estadounidenses de los adversarios extranjeros que se aprovechan de vacíos legales para lucrar con marcas registradas robadas”, afirmó la congresista Wasserman Schultz. Recordó, además, los testimonios de familias cubanoamericanas cuyas propiedades y negocios fueron confiscados por el régimen de La Habana.

Por su parte, Darrell Issa calificó la ley como un paso clave para corregir una injusticia histórica. “Es un mensaje claro de que la propiedad intelectual es sagrada y que su confiscación es tan inaceptable como el robo de un banco”, expresó el representante californiano.

Hasta ahora, las restricciones sobre marcas confiscadas aplicaban únicamente a ciudadanos cubanos y en ciertos casos judiciales en Estados Unidos. Con esta nueva legislación, cualquier persona o entidad, sin importar su origen, tendrá prohibido usar agencias estadounidenses para legitimar marcas registradas que fueron expropiadas de forma ilegal.

La medida refuerza el compromiso de Estados Unidos con la lucha contra el robo de propiedad intelectual, enviando un mensaje claro al régimen cubano y a otros actores internacionales que buscan beneficiarse de activos confiscados.

La promulgación de esta ley también refleja el apoyo de Estados Unidos a las comunidades exiliadas, especialmente a los cubanoamericanos, que han denunciado durante décadas la pérdida de sus propiedades bajo el régimen castrista. Este marco legal garantiza que las marcas comerciales no sean utilizadas como herramientas para legitimar expropiaciones o generar ganancias a costa de las víctimas de regímenes autocráticos.

Con la entrada en vigor de esta legislación, Estados Unidos reitera su posición en defensa de los derechos de propiedad, fortaleciendo las barreras contra intentos de abuso y saqueo económico desde el extranjero.

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