La administración del presidente Donald Trump avanza en la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela, una decisión que podría afectar a más de 500.000 personas que permanecen en Estados Unidos bajo este programa migratorio.

La medida se produce después de una prolongada batalla judicial que llegó hasta la Corte Suprema, donde la administración republicana obtuvo un fallo favorable a su posición. El Gobierno sostiene que el TPS debe utilizarse como una protección temporal y no convertirse en un mecanismo de permanencia indefinida en Estados Unidos.

Creado en 1990, el TPS permite a ciudadanos de determinados países permanecer legalmente en territorio estadounidense y obtener autorización de empleo cuando regresar a sus lugares de origen representa un riesgo debido a conflictos armados, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias.

El programa no concede residencia permanente ni ciudadanía. Una vez que finaliza la protección, los beneficiarios pueden quedar nuevamente sujetos a las leyes migratorias y enfrentar procedimientos de deportación si no cuentan con otra base legal para permanecer en el país.

La decisión tendrá consecuencias diferentes para cada nacionalidad debido a las condiciones políticas y económicas existentes en sus respectivos países.

Haití concentra uno de los grupos más numerosos de beneficiarios. La grave crisis de seguridad y la expansión del control territorial de las pandillas han generado dudas sobre las posibilidades de un retorno seguro para miles de haitianos que llevan años establecidos en Estados Unidos.

En Honduras, el Gobierno de Tegucigalpa ha comenzado a preparar mecanismos para facilitar el eventual regreso de sus ciudadanos. El presidente hondureño Tito Asfura ha planteado una transición que permita evitar la separación de familias y facilitar el traslado de los bienes adquiridos durante su permanencia en Estados Unidos.

La situación de los venezolanos es especialmente compleja debido a la crisis política y económica que atraviesa el país. Una parte importante de quienes se beneficiaron del TPS abandonó Venezuela como consecuencia de la persecución política, la inseguridad y el deterioro de las condiciones de vida.

El retorno de estos migrantes también plantea interrogantes sobre las condiciones que encontrarían al regresar y sobre las alternativas que podrían utilizar para mantener su estatus legal en Estados Unidos.

En el caso de Nicaragua, miles de ciudadanos también han utilizado el TPS como protección ante la situación política y económica del país. La ausencia de relaciones normales entre Washington y el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo agrega incertidumbre sobre el eventual retorno de los beneficiarios.

En conjunto, la terminación del TPS representa uno de los cambios más importantes de la política migratoria impulsada por Trump durante su segundo mandato. Los beneficiarios deberán determinar si pueden acogerse a otra vía legal para permanecer en Estados Unidos o prepararse para abandonar el país.

La Casa Blanca busca acelerar su agenda migratoria antes de las elecciones de medio término de noviembre, mientras organizaciones defensoras de los inmigrantes advierten sobre las consecuencias familiares y humanitarias que podría provocar la pérdida de esta protección para cientos de miles de personas.

Fuente: Infobae

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