El nuevo informe del Departamento de Estado de EE. UU. sobre trata de personas ha colocado a Cuba en el centro de la polémica internacional. Lo que antes se calificaba como “redes de reclutamiento” ahora se reconoce oficialmente como una política de Estado de explotación y trata de personas.

Esto cambia radicalmente el escenario: ya no se trata de casos aislados ni de simples delitos de tráfico de personas, sino de una operación sistemática apoyada por el gobierno cubano.

Según TIP 2025, más de 1,000 cubanos fueron contratados por fuerzas rusas entre junio de 2023 y febrero de 2024, muchos bajo promesas engañosas de salarios de hasta 2,000 dólares mensuales.

Jóvenes fueron seducidos con empleos civiles falsos, contratos en ruso y tras confiscar sus pasaportes, obligarlos a permanecer en el frente. Esta práctica aparece ahora junto a las misiones médicas, que ya eran señaladas como parte de la explotación estatal, evidenciando un patrón de control, coerción y sometimiento del régimen hacia sus ciudadanos.

El informe también revela complicidad oficial: emisión acelerada de pasaportes, omisión de sellos de salida y mecanismos diseñados para negar responsabilidad directa mientras se facilita la movilidad de los reclutas hacia zonas de conflicto.

Las recomendaciones son claras: investigar a fondo el reclutamiento fraudulento, garantizar los derechos de los cubanos, eliminar las restricciones de movimiento y sancionar a los funcionarios implicados.

La reacción de La Habana no se hizo esperar, calificando el informe como “calumnias”, pero la inclusión de datos precisos y testimonios de víctimas deja en evidencia un sistema estructural de explotación respaldado por el Estado. Esta acusación no solo compromete la imagen internacional de Cuba, sino que eleva la crisis en Ucrania a un asunto de derechos humanos y justicia internacional.

Para quienes fueron engañados y enviados al frente, esto representa un grito de reconocimiento y reparación. Para el régimen, un foco de escrutinio sin precedentes que podría desencadenar consecuencias políticas y legales de gran alcance.

Cuba enfrenta, por primera vez, una denuncia formal que expone cómo la manipulación y el control estatal pueden transformar vidas en moneda de cambio para conflictos extranjeros.

Fuente: América TeVe

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