El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha ejecutado la deportación de tres ciudadanos cubanos con extensos antecedentes penales, como parte de su política de tolerancia cero hacia inmigrantes con historial criminal. Las expulsiones, anunciadas por la Oficina de Operaciones de Detención y Deportación (ERO), forman parte de un esfuerzo continuo por reforzar la seguridad pública en el país.

Los casos fueron revelados en informes públicos que incluyen nombres, fotografías y detalles de los delitos cometidos. Uno de los deportados es Rafael Ojeda Acosta, cuya deportación fue gestionada desde la oficina de ICE en Nueva Orleans. Su historial criminal es extenso e incluye cargos por violación con arma, agresión sexual, sodomía, robo con violencia, fuga de custodia, invasión de propiedad y hurto. Las autoridades subrayaron que este individuo representaba una amenaza significativa para la comunidad.

También desde Nueva Orleans, ICE informó sobre la deportación de Osmani Mompié, condenado por conspirar para transportar inmigrantes ilegales, una actividad que puso en peligro la vida de otras personas. “Vino aquí para traficar personas. Ahora es él quien está siendo escoltado”, señaló el comunicado, en referencia al retorno forzoso del cubano a la isla.

El tercer caso fue gestionado por la oficina de ICE en el condado de Palm Beach, Florida, y corresponde a Vladimir Blanco Menéndez, quien fue condenado por abuso sexual contra un menor. Blanco fue detenido en la ciudad de Miami antes de su deportación. Su caso, por la gravedad del delito, fue priorizado por las autoridades migratorias.

Estos tres individuos forman parte de una larga lista de extranjeros deportados por delitos graves. ICE ha reiterado que sus operaciones se enfocan en identificar, detener y remover a quienes representan un peligro real para la seguridad de las comunidades en Estados Unidos.

Aunque la gran mayoría de los inmigrantes cubanos en el país han demostrado ser trabajadores, respetuosos de la ley y comprometidos con su nueva vida, estos casos puntuales sirven de argumento para justificar medidas migratorias más estrictas. Desde la administración Trump, la política ha sido clara: ningún inmigrante con antecedentes criminales será tolerado dentro del territorio estadounidense, y menos aún si ha reincidido en delitos graves.

Las deportaciones también reflejan la colaboración entre distintas jurisdicciones, ya que ICE opera a nivel nacional con oficinas regionales que coordinan los procesos de detención, verificación de antecedentes y transporte de los deportados.

Las autoridades recuerdan que, aunque todos los inmigrantes tienen derecho al debido proceso, la protección del interés público prevalece cuando se trata de individuos con historiales violentos o conductas delictivas extremas.

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