Un operativo llevado a cabo en la ciudad de Las Tunas culminó con la detención de nueve personas implicadas en el tráfico de drogas, específicamente marihuana y la peligrosa sustancia conocida como “el químico”.

El hecho tuvo lugar en el reparto Santo Domingo, una zona señalada por vecinos como punto habitual de distribución de estupefacientes. La acción fue ejecutada por el Ministerio del Interior como parte de la política de “tolerancia cero” impulsada por el gobierno cubano frente a delitos relacionados con drogas.

La investigación permitió reunir evidencias sobre la implicación de los detenidos en la venta de estas sustancias. Las autoridades recalcaron el impacto negativo que estas prácticas generan en la salud individual, el entorno familiar y la seguridad social. En declaraciones recogidas por el oficialista Periódico 26, se subrayó el rechazo social a estas conductas.

“El químico” —una mezcla tóxica de marihuana tratada con sustancias como formol, anestésicos veterinarios y fármacos para la epilepsia— se ha convertido en una amenaza silenciosa, especialmente para los jóvenes de barrios empobrecidos. Su consumo ha derivado en episodios de violencia, crisis psicóticas e incluso muertes, agravando el deterioro social en zonas como Santo Domingo. Muchos tuneros comentaron en redes sociales que era cuestión de tiempo que se interviniera el reparto, conocido por la circulación abierta de esta droga.

En otro operativo relacionado con el tráfico de esta peligrosa sustancia, una mujer identificada como Yakelin fue arrestada en el barrio Romerillo, en el municipio Playa, La Habana.

En su vivienda, situada en la calle 9.ª entre 116 y 118, fueron confiscados “el químico”, instrumentos para su distribución y una suma importante de dinero. Aunque el gobierno mostró la acción como una victoria en la lucha contra el narcotráfico, vecinos del lugar afirmaron que Yakelin operaba desde hacía tiempo sin ser molestada, presuntamente por contar con protección de las autoridades.

La creciente visibilidad del consumo de drogas en Cuba —y su vinculación con delitos, violencia y deterioro social— revela una realidad que las acciones aisladas no pueden resolver del todo. El combate al tráfico debe ser profundo, sostenido y libre de complicidades estructurales.

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