Autoridades de Florida anunciaron la captura de diez personas, en su mayoría inmigrantes indocumentados, implicadas en una red dedicada al robo de diésel de gasolineras en al menos doce condados del estado. La operación, denominada Van Diesel, permitió desarticular un esquema que habría generado más de 400,000 dólares en ganancias ilícitas, aunque las autoridades advierten que la cifra podría ser aún mayor.

Según informó el fiscal general James Uthmeier, los sospechosos modificaban camionetas para almacenar hasta 500 galones de combustible extraídos directamente de los tanques de las estaciones, operando durante varios meses con técnicas que les permitían evadir la detección.

De los detenidos, siete son presuntamente indocumentados y tres son residentes permanentes legales, quienes podrían perder su estatus migratorio si se comprueba su culpabilidad. Además, cuatro enfrentan cargos adicionales por lavado de dinero que supera los 100,000 dólares. Las acusaciones incluyen conspiración y violaciones a la ley RICO, que sanciona la operación de organizaciones criminales.

“El robo de combustible no solo afecta a los negocios locales, también representa un riesgo para quienes transitan por las carreteras”, advirtió el alguacil de Hillsborough, Chad Chronister, durante la presentación del caso junto al fiscal Uthmeier.

La investigación reveló que la red operaba de manera coordinada, con roles específicos para extraer, almacenar y distribuir el diésel robado. Las modificaciones a los vehículos permitían transportar grandes cantidades de combustible sin ser detectados, facilitando su venta en mercados ilegales.

Autoridades señalaron que la operación Van Diesel es apenas un paso dentro de una investigación más amplia que busca desarticular redes de robo de combustible en todo el estado. Se esperan nuevos arrestos en los próximos meses a medida que avanza el proceso.

Los implicados podrían enfrentar penas severas si son hallados culpables. Además de los cargos por conspiración y violaciones a la ley RICO, el robo de combustible y el lavado de dinero pueden acarrear hasta 90 años de prisión combinados, según indicó el fiscal Uthmeier.

El caso resalta la problemática del robo de combustible, un delito que no solo afecta económicamente a las estaciones de servicio y a la economía local, sino que también pone en riesgo la seguridad pública debido al manejo de grandes cantidades de combustible inflamable.

La coordinación entre fiscales, agencias policiales locales y federales fue clave para desmantelar la operación. La investigación continuará para identificar a otros posibles cómplices y desbaratar la cadena de distribución del combustible robado.

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