Un nuevo episodio de violencia extrema ha sacudido a la provincia de Villa Clara y ha generado conmoción en Caibarién. Una oficial del Ministerio del Interior (MININT) fue brutalmente agredida, presuntamente por su ex pareja sentimental, en un hecho que vuelve a poner en evidencia la gravedad de la violencia de género en Cuba, incluso dentro de las propias estructuras del Estado.

De acuerdo con información divulgada por La Tijera News, la víctima fue identificada como Lisnaidy Becerra, jefa de la Oficina de Trámites del MININT en el municipio de Caibarién. Según fuentes cercanas al caso citadas por ese medio, la funcionaria fue golpeada con un tubo en la zona del abdomen y una rodilla, además de recibir una puñalada en el pecho, lo que le provocó lesiones de extrema gravedad.

Tras el ataque, Becerra fue trasladada de urgencia al Hospital de Remedios, donde permanece ingresada y a la espera de una intervención quirúrgica. Su estado de salud es delicado, de acuerdo con la información disponible hasta el momento.

El presunto agresor fue identificado como Maykel Cáseres, quien habría mantenido una relación sentimental con la víctima. Ambos contrajeron matrimonio en enero de 2023, un dato que puede verificarse en publicaciones realizadas en redes sociales por la propia oficial. Hasta ahora, no se han esclarecido las causas que desencadenaron el ataque, ni se han ofrecido detalles sobre el contexto previo al hecho.

Uno de los elementos que más inquietud ha generado es que, según las fuentes citadas por La Tijera News, la oficial se habría negado a presentar una acusación formal contra su presunto agresor. Esta situación, frecuente en casos de violencia de género en la isla, suele estar marcada por el miedo, la presión social, la dependencia emocional o la desconfianza en los mecanismos institucionales de protección.

Hasta el cierre de esta información, las autoridades no han emitido una versión oficial sobre lo ocurrido ni han confirmado si el agresor fue detenido o enfrenta cargos penales. El silencio institucional vuelve a ser una constante en hechos de esta naturaleza, aun cuando involucran a personas vinculadas directamente al aparato represivo del Estado.

Este caso reabre el debate sobre la violencia de género en Cuba, un fenómeno que organizaciones independientes y activistas denuncian como creciente, mientras el Gobierno continúa evitando reconocerlo como un problema estructural. La inexistencia de una ley integral contra la violencia de género y la falta de estadísticas oficiales transparentes contribuyen a la desprotección de las víctimas y a la impunidad de los agresores.

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