La Mesa de Unidad Cubana, por sus siglas MUC, se preparan para presentar ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España una denuncia contra las empresas españolas y europeas que, ‘en complicidad con la dictadura cubana, someten al trabajador cubano a un nuevo sistema esclavista en pleno siglo XXI’.

Un comunicado de la plataforma, según Diario de Cuba, “precisa que la presentación del trámite judicial se realizará a las 12:00M del próximo viernes 31 de mayo en la sede del órgano de Justicia sito en Calle García Gutiérrez número 1, en Madrid”.

"Cuando la aplicación del Capítulo III de la Helms-Burton ya es un hecho y empieza a traer consigo una cascada de consecuencias, fundamentalmente para el sector hotelero español, esta denuncia viene a llamar la atención sobre los procesos ilegales que son utilizados en Cuba y que buscan como fin aplacar los apetitos financieros de las empresas extranjeras que operan en la Isla", indica la nota de MUC.

Esta asociación opositora, con personalidad jurídica y con plena capacidad para obrar en todo el territorio español, explicó que “la denuncia parte de la investigación "El trabajo indecente. Cuba, paraíso para evasores de derechos", en el que se expone cuál es el régimen laboral que propicia La Habana”.

Ellos consideran, además, que “este sistema es aceptado "de buen grado" por "las más de 300 empresas españolas y europeas que operan en la Isla y que abarcan desde grupos hoteleros, operadoras de viajes, bancos, cajas de ahorros e inmobiliarias, hasta empresas de servicios e industria".

"Por tanto, estas empresas violan e ignoran las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las Directrices de la OCDE en materia de responsabilidad corporativa, así como derechos fundamentales recogidos en la Carta Universal de los Derechos Humanos de la ONU o principios fundacionales de la propia UE", manifiesta.

Así que su denuncia "no solo se pretende transparentar una situación injusta e inhumana, sino que es el comienzo de un largo proceso de exigencia a la Unión Europea, sus gobiernos y sus Cámaras de Comercio para conseguir la aplicación de los preceptos que proclaman, poniendo en tela de juicio el papel que deben asumir y que, a todas luces y en la actual situación, se queda en hipócritas intenciones".

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