La familia de Andy García, preso político en Villa Clara por las protestas antigubernamentales del 11J, recibió de manos de otros cubanos, en menos de un día, el dinero suficiente para pagar las cuantiosas multas que las autoridades les habían impuesto por sus denuncias en redes sociales.

“Señores, nos pasamos con la solidaridad. En menos de 24 horas logramos alcanzar la meta... y pasarnos. Mañana Roxana García Lorenzo y Jonatan López Alonso tendrán ya sus nuevos teléfonos”, anunció el domingo la activista Saily González en Facebook.

Familiares de Andy García había sido multados con un total de más de 10 500 pesos cubanos el viernes, luego de ser detenidos al intentar presentarse en el Tribunal Provincial de Villa Clara, donde se celebraba el juicio contra el joven.

Las multas fueron aplicadas a la hermana de García, Roxana, a su esposo Jonatan López Alonso y su suegro Pedro López, por denunciar en redes sociales violaciones de derechos humanos y cuestionar al gobierno en sus procedimientos contra los detenidos por el 11J. Las multas se ampararon en el Decreto-Ley 370, conocido como Ley Azote, que regula las publicaciones de los cubanos.

De igual modo, los oficiales les confiscaron sus teléfonos móviles y los mantuvieron arrestados en paradero desconocido durante varias horas. “Miles de gracias a todos. Vayamos hoy a dormir tranquilos porque el trastazo que le hemos dado a la dictadura con esto no es menor”, dijo González al comunicar la donación.

La activista además adelantó que se publicarían cada una de las donaciones recibidas y la cantidad que sobre “será destinada a apoyar a otros activistas que, como nosotros esta vez, lo puedan necesitar en el futuro”.

En total, la petición fue de recaudar 67,500 pesos para reponer los teléfonos que les ocuparon. La sociedad civil cubana lo consiguió en menos de un día e incluso se superó la cifra, dando una contundente prueba de solidaridad.

El juicio contra García comenzó la semana pasada. Previamente, sus familiares denunciaron el acoso de la Seguridad del Estado. Luego, desde las cercanías del Tribunal Provincial, reportaron la fuerte presencia policial en los alrededores del recinto y presuntas irregularidades en los juicios, como la falta de evidencia para incriminar a García de presuntamente lanzar piedras y comportarse violentamente durante la protesta del 11J en Santa Clara. 

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