El Gobierno cubano admitió que la reciente incautación por parte de Estados Unidos de un petrolero frente a las costas de Venezuela tendrá consecuencias directas para la isla, especialmente en un contexto marcado por la crisis energética y la escasez crónica de combustible. La Cancillería calificó la acción como una escalada de la presión económica sobre Cuba y alertó sobre sus efectos inmediatos en la vida cotidiana de la población.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que la incautación del buque cisterna Skipper “refuerza la guerra económica contra Cuba” y afecta de manera directa el ya debilitado sistema energético nacional. Aunque las autoridades cubanas evitaron confirmar que el cargamento tuviera como destino final la isla, sí reconocieron que este tipo de operaciones repercute negativamente en el abastecimiento de combustible, del cual Cuba depende en gran medida de sus aliados externos.

La reacción oficial se produjo días después de que Washington confirmara la confiscación del petrolero, al que las autoridades estadounidenses vinculan con operaciones para evadir sanciones internacionales impuestas a Venezuela e Irán. Según la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, el buque habría sido utilizado durante años para transportar crudo de manera irregular, desafiando las restricciones impuestas por el Departamento del Tesoro.

De acuerdo con registros de seguimiento marítimo, el Skipper transportaba más de un millón de barriles de petróleo al momento de su incautación, aunque el gobierno venezolano elevó esa cifra. El barco había sido sancionado en 2022 por presuntos vínculos con estructuras asociadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y al grupo Hezbolá, lo que lo colocó en el radar de las autoridades estadounidenses.

Desde La Habana, el discurso oficial volvió a apuntar al embargo estadounidense y a las políticas de “máxima presión” como responsables de la situación interna. La Cancillería recordó que durante el primer mandato de Donald Trump se intensificaron las acciones para obstaculizar el comercio petrolero venezolano hacia Cuba, una dinámica que —según el régimen— no solo se mantiene, sino que ahora se agrava con una mayor presencia militar de Estados Unidos en el Caribe bajo el argumento del combate al narcotráfico.

Más allá de la retórica política, el reconocimiento del “impacto directo” revela la profunda dependencia energética de Cuba respecto al régimen de Nicolás Maduro. Venezuela ha sido durante años uno de los principales proveedores de petróleo de la isla, un respaldo clave para sostener la generación eléctrica y parte de la actividad económica. Sin ese apoyo, la fragilidad del sistema energético cubano queda aún más expuesta.

Cuba atraviesa desde hace al menos cinco años una severa crisis económica, caracterizada por la falta de divisas, el deterioro de los servicios públicos y prolongados apagones. En los últimos dos años, la escasez de combustible se ha traducido en paralizaciones productivas, afectaciones al transporte y cortes eléctricos de varias horas diarias, profundizando el malestar social.

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