Una nueva instrucción del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo de Justicia, de Cuba, establece que a partir del 19 de junio de este año los ciudadanos tienen el derecho y la posibilidad de reclamar daños y perjuicios ante los jueces cuando les confisquen bienes de su propiedad o consideren que han sido dañados por la actuación de directivos, funcionarios y empleados del Estado.

Con el número 245, la Instrucción pondría fin a una práctica establecida por décadas, “según la cual las personas casi siempre agotaban sus recursos de reclamación ante los jefes superiores de los mismos organismos que tomaban las medidas, o ante la Fiscalía, pero muy pocas veces ante órganos colegiados e “imparciales” como los tribunales”, dijo el portal El Toque.

En tanto añadió que esta norma legal implementa dos artículos de la nueva Constitución respaldada en febrero de 2019 por el 78,3% de los electores convocados a votar en el referéndum.

“Se trata del artículo 59 (“La confiscación de bienes se aplica sólo como sanción dispuesta por autoridad competente, en los procesos y por los procedimientos que determina la ley. Cuando la confiscación de bienes sea dispuesta en procedimiento administrativo, se garantiza siempre a la persona su defensa ante los tribunales competentes.”) y del artículo 98 (“Toda persona que sufriere daño o perjuicio causado indebidamente por directivos, funcionarios y empleados del Estado con motivo del ejercicio de las funciones propias de sus cargos, tiene derecho a reclamar y obtener la correspondiente reparación o indemnización en la forma que establece la ley.”)”, argumentó.

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